En mayo y junio aumenta la letalidad política

EDUARDO RUIZ-HEALY

La violencia política en México volvió a intensificarse esta semana. El lunes fue asesinada Lilia Gema García Soto, de Morena, presidenta municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca, ejecutada dentro del Palacio Municipal. Ayer, Martha Laura Mendoza, también de Morena y alcaldesa de Tepalcatepec, Michoacán, fue abatida a tiros frente a su casa junto con su esposo, mientras uno de sus hijos de 17 años resultó herido. Estos dos crímenes elevaron a siete los asesinatos de figuras políticas y judiciales en lo que va de junio, que, junto con los cinco registrados en mayo, suman 12 en apenas seis semanas, confirmando el repunte más violento del año.

Desde octubre de 2024 hasta el 17 de junio de 2025 se han documentado al menos 23 homicidios políticos con nombre y cargo: Alcaldes, regidores, jueces, precandidatos y operadores, según este diario y otros medios del País. A esa cifra se suman 50 asesinatos reportados por la consultora Integralia en el primer trimestre, sin desglose. Los datos contradicen el discurso oficial sobre la baja de homicidios dolosos.

La violencia no distingue geografía ni partido. En Guerrero fueron asesinados el alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán (Morena); el magistrado Edmundo Román Pinzón; el alcalde electo de Copala, Salvador Villalva Flores (Morena); el regidor Simón Lugo (PRD); y el secretario general de Chilpancingo, Francisco Tapia (Morena). En Michoacán, mataron a los precandidatos a la alcaldía de Maravatío: Miguel Ángel Reyes Zavala (Morena) y Armando Pérez Luna (PAN). Luego fueron ejecutados Salvador Bastida García, alcalde de Tacámbaro por Morena-PT-PVEM, y Cosme López, operador de Morena. El asesinato de Martha Laura Mendoza reafirma el riesgo de ejercer un cargo en ese Estado.

En Jalisco, fueron asesinados el secretario municipal de Teocaltiche, José Luis Pereida Gómez, y la regidora Cecilia Ruvalcaba. En el Estado de México, el ex fiscal Elohim Díaz fue asesinado, y en junio apareció muerto el juez Everardo Maya Arias, quien llevaba casos relacionados con el crimen organizado. Aunque se habló de suicidio, el Consejo de la Judicatura pidió investigar todas las líneas.

También fueron asesinados Yesenia Lara Gutiérrez, candidata de Morena en Texistepec, Veracruz; Eduardo Chávez Manzanares, alcalde de Linares, Nuevo León; y en la CDMX Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y asesor, respectivamente, de la jefa de gobierno Clara Brugada.

Otros casos: Román Ruiz Bohórquez, alcalde de Candelaria Loxicha, Oaxaca; Fernando Granados, ex alcalde de Jerécuaro (PAN); y el director municipal de Tlayacapan, Morelos, aún sin identificar.

El crimen organizado busca influir o imponer autoridades locales. La impunidad es la norma. Salvo dos detenidos por el asesinato del magistrado Román, no hay avances. En la mayoría de los casos ni siquiera hay sospechosos.

Expertos proponen medidas urgentes: Mapas de riesgo, protocolos, fiscalía especializada, inteligencia y control financiero. Pero sin voluntad política de investigar a fondo cada caso hasta dar con los asesinos materiales e intelectuales, ser funcionario, especialmente municipal, seguirá siendo una actividad muy riesgosa. Y si esto se normaliza, como ya parece estarlo, la debilitada democracia mexicana estará perdida.