Tropas en las calles

“Los medios de defensa contra un peligro extranjero se han convertido en los instrumentos de la tiranía en casa”.

JAMES MADISON, 1787

La última vez que un presidente de Estados Unidos tomó control de la Guardia Nacional, una fuerza de reserva militar que opera por separado en cada Estado, para contravenir las decisiones de un gobernador fue en 1965. No era fácil porque las leyes estadounidenses están hechas para dar un gran poder a los estados.

El 20 de marzo de ese año el presidente Lyndon Johnson mandó un telegrama al gobernador de Alabama, George Wallace, defensor de la segregación racial, comunicándole: “Estoy ordenando que unas unidades seleccionadas de la Guardia Nacional de Alabama entren al servicio federal. para ayudarlo a usted a cumplir con sus responsabilidades estatales”. Wallace se había negado a convocar a la Guardia Nacional para proteger a los activistas negros que preparaban una marcha contra la discriminación racial de Selma a Montgomery. Johnson invocó como fundamento legal el Estatuto de Insurrección de 1792, actualizado en 1807, que permitía al presidente desplegar tropas en territorio nacional, pero muchos conservadores pusieron en duda la solidez del argumento.

En 1878, de hecho, se aprobó otro estatuto, el Posse Comitatus Act, ampliado y refinado en varias ocasiones, que limitó el uso de las fuerzas armadas para hacer cumplir las leyes nacionales. Se exceptuó a la Guardia Nacional, pero solo cuando fuera invitada por un gobernador. El propio presidente Donald Trump declaró en 2020, en una entrevista con George Stephanopoulos de la cadena ABC de televisión, que debido a esta legislación no podía usar a la Guardia Nacional para detener las protestas en varias ciudades por la muerte de George Floyd, un hombre negro asesinado en Minneapolis por un policía blanco que se hincó nueve minutos sobre su cuello: “No podemos llamar a la Guardia Nacional a menos de que lo pida el gobernador”.

Ahora Trump ha cambiado de opinión, pero ha utilizado otra ley, el Titulo X del Código de los Estados Unidos, que establece el papel en el país de las fuerzas armadas, para justificar su decisión. Este título permite el uso de la Guardia Nacional para una invasión, rebelión o situación en que la Policía no pueda hacer cumplir las leyes, pero no elimina las disposiciones del Posse Comitatus Act. Ni la Guardia Nacional ni las tropas en activo, como los marines, pueden arrestar a manifestantes, aunque sí proteger a los policías o agentes migratorios que lleven a cabo detenciones.

El fundamento legal de Trump para el uso de 4,100 elementos de la Guardia Nacional y 700 infantes de marina en Los Ángeles es más endeble que el de Johnson de 1965. El gobernador Gavin Newsom de California no ha pedido ayuda de la Guardia Nacional; tampoco hay una invasión, ni rebelión, ni indicación de que la Policía angelina no pueda controlar unas protestas que han sido en buena medida pacíficas. Más que contener una rebelión desbordada, Trump busca mostrar que el gobernador Newsom y la alcaldesa Karen Bass, demócratas, son incompetentes o cómplices, mientras que él está impidiendo que los manifestantes destruyan Los Ángeles.

Este uso político de las fuerzas armadas es peligroso. Los fundadores de Estados Unidos buscaron impedir que un presidente pudiera convertirse en dictador por la fuerza de las armas. Por eso James Madison se opuso a la creación de un ejército permanente. Es buen momento para leer sus argumentos, y no solo allá sino también en México.

PROTESTAS

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior de EE.UU., acusó a la presidenta Sheinbaum de alentar las protestas de Los Ángeles. En realidad, la mandataria mexicana pidió que las protestas no fueran violentas, pero también dijo que “de ser necesario nos vamos a movilizar porque no queremos que haya impuestos a las remesas”. Lo que busca Noem es debilitar las posiciones negociadoras de México ante Trump.