Las auditorías

Mientras la estructura del Fobaproa y los programas en los cuales intervino no están libres de crítica, el Fobaproa, a un costo considerable, proporcionó protección a los ahorradores y una solución parcial (y quizá temporal) a los problemas ocasionados por un sistema bancario débil y subcapitalizado",

Michael MacKey, 1999,

La presidenta Sheinbaum tiene razón cuando afirma que nunca hubo una auditoría completa sobre el rescate bancario que se llevó a cabo a través del Fobaproa en 1995 y después. Ni la Auditoría Superior de la Federación ni el equipo del auditor canadiense Michael MacKey pudieron hacerlo porque los tribunales determinaron que las auditorías no podían violar el secreto bancario. Eso decía la legislación, y me parece importante mantener el principio de que “la ley es la ley”, pero como escribí aquí el 28 de abril del 2005: “Si bien es entendible que exista un secreto bancario, resulta objetable que por un lado se quite dinero a los contribuyentes para pagar el rescate bancario y por el otro se les niegue información sobre lo que están pagando”.

También tiene razón la Presidenta cuando señala que el Gobierno no puede dejar de pagar la deuda del Fobaproa. “No es tan sencillo, digamos, de un día para otro decir ya no se va a pagar”, declaró este 10 de mayo. La deuda del Fobaproa es deuda pública. Desconocerla podría generar un desplome en la confianza de que el Gobierno seguirá pagando las deudas que ha contraído.

En lo que no tiene razón Sheinbaum es en afirmar que no hay razones para auditar las obras de López Obrador. “No se necesita. Pero, además, ¿cómo lo puedes comparar? O sea, estás hablando del tren.”. Añadió que estas obras las revisa la Auditoría Superior de la Federación, “un organismo independiente que nombran las cámaras. ¿Para qué quieren una auditoría independiente?”.

Sin embargo, sí se necesita una auditoría independiente porque no hubo estudios de factibilidad ni manifestaciones previas de impacto ambiental ni proyectos de construcción; además, se registraron sobrecostos enormes. AMLO decretó que sus obras eran asuntos de seguridad nacional y la información fue reservada.

La ASF ha quedado manchada por su actuación en la auditoría sobre la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Reportó primero que la cifra real ascendía a 331,996 millones de pesos, pero López Obrador enfureció y presionó a la institución para cambiar la cifra final a 113,328 millones. Más tarde, el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, destituyó al auditor, Agustín Caso Raphael, violando la Ley de Fiscalización. En una carta Caso señaló: “En la Auditoría Superior de la Federación se ha abdicado del cumplimiento de los principios constitucionales, en detrimento de la autonomía e independencia de la función de fiscalización”.

El rescate bancario era probablemente necesario. De otra manera se habrían perdido los ahorros de casi todos los mexicanos. No hay duda de que se cometieron errores en el camino y de que hubo abusos, pero es falso decir que fue un rescate de los banqueros, ya que casi todos perdieron su capital.

No sabemos cuál fue el costo fiscal de las obras de López Obrador porque no se han hecho o divulgado las auditorías pertinentes. Tampoco conocemos los costos futuros ante las pérdidas que acumulan. Lo que sí sabemos es que la deuda neta del sector público pasó de 10.8 billones de pesos en diciembre de 2018 (46% del PIB) a 17.5 billones en diciembre de 2024 (51.7% del PIB). Los mexicanos tenemos derecho a saber por qué la deuda pública aumentó 62% en el sexenio de AMLO, por qué sus obras tuvieron sobrecostos tan altos y cuánto dinero están perdiendo ahora.

Semana de 40

El Gobierno hace leyes como si todas fueran enormes corporaciones. La semana de 40 horas no afectará a estas, pero el 95.5% de nuestras empresas tienen 10 empleados o menos.

Sergio Sarmiento

www.sergiosarmiento.com