¿Un golpe de Estado?

Muchos argumentan que no ha sido un golpe de Estado. El Diccionario de la Real Academia define éste como una “actuación violenta y rápida, generalmente por fuerzas militares o rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes.”

Otras definiciones sugieren que sí puede darse un golpe cuando un poder del Estado sofoca a los otros. El Diccionario Panhispánico del español jurídico de la propia Real Academia apunta que puede ser el “desmantelamiento de las instituciones constitucionales sin seguir el procedimiento establecido”. Un ejemplo histórico es la toma del poder por Benito Mussolini en Italia en 1922; el rey Víctor Manuel lo nombró y el Parlamento le dio su voto de confianza, pero él lo disolvió y gobernó como dictador.

Mucho del camino de AMLO para acabar con la independencia del Poder Judicial siguió el “procedimiento establecido”. Claudia Sheinbaum fue legítimamente electa Presidenta con 59.75% de los votos. Morena y sus aliados recibieron 54% para la Cámara de Diputados y 55 para el Senado; tenían derecho a una amplia mayoría simple. La iniciativa de reforma judicial fue discutida y aprobada en las dos cámaras del Congreso, y también, en un tiempo sin precedentes, por la mayoría de las legislaturas estatales.

Otras acciones, sin embargo, han sido más bien típicas de la operación de una mafia del poder. El Presidente ordenó a sus senadores rechazar el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Electoral, aun después de que la Suprema Corte lo ordenó. La mayoría morenista desacató el mandato. El propio Presidente ha reconocido que se oponía a las designaciones “porque los dos que quieren nombrar son del bloque conservador”. Por otra parte, los candidatos y legisladores oficialistas fueron movidos con chapulines de un partido a otro para rehacer la representación legislativa y darle a Morena por tres años la presidencia de la Junta de Coordinación Política de los diputados. Morena, además, ofreció privilegios o amenazó a algunos senadores para completar su mayoría calificada.

Un incompleto Tribunal Electoral, producto del desacato, avaló mayorías infladas en ambas cámaras del Congreso, descartando precedentes como la tesis de jurisprudencia 70/98 de la Suprema Corte que ordenaba privilegiar el “pluralismo político” en la representación proporcional. Más tarde se emitieron cuatro suspensiones para impedir que el Congreso discutiera o aprobara la reforma judicial; pienso que habrían sido revocadas con simples recursos de queja, pero Morena prefirió el desacato.

La reforma judicial señala en el decimoprimer artículo transitorio que “para la interpretación y aplicación de este Decreto, los Órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial”. Esto es inconstitucional: El Legislativo no puede decirle al Judicial cómo interpretar las normas.

La 4T dejó en la Constitución el artículo 49 y la división de poderes, pero en la práctica está borrando la autonomía judicial. Parece un golpe de Estado; pero, si no lo es, se trata de un acto de lo que David Landau ha llamado “constitucionalismo abusivo”, “el uso de mecanismos de cambio constitucional para hacer un Estado significativamente menos democrático”. Lo hicieron Hugo Chávez en Venezuela y Viktor Orban en Hungría; también Hitler y Mussolini, al cambiar la ley para justificar sus abusos.

Sinaloa

Dice AMLO que el Ejército, la Marina y la Policía tienen “presencia suficiente” en Sinaloa, pero los “medios conservadores todo lo hacen grande”. Sí, los medios son responsables de los muertos y de que el gobernador morenista, Rubén Rocha, haya suspendido clases y las fiestas patrias.