Interpone regidor denuncia penal contra el 22 Ayuntamiento

El día de ayer fue interpuesta una denuncia penal contra el 22 Ayuntamiento de Tijuana por el contrato millonario firmado con la empresa 'Core' para el cobro del Impuesto Predial durante el año pasado.

El regidor Manuel Rodríguez Monárrez acudió al Ministerio Público al asegurar que el mencionado contrato es irregular, para empezar al ser una adjudicación directa y no haber pasado el tema por Cabildo.

Dijo que de acuerdo con el reglamento municipal para que se pueda dar una adjudicación directa el monto no puede rebasar los 13 mil umas es decir un millón 47 mil 800 pesos, sin embargo, a dicha empresa se le pagó durante el 2017, 12 millones 700 mil pesos.

Además, para este año se aprobaron 25 millones de pesos más para compañías gestoras y de cobranza, por lo que cree que podría ser para la mencionada empresa ubicada en Puebla.

“Esta empresa que fue contrata por el ayuntamiento para cobrar el predial ilegalmente al rebasar los montos establecidos en las causales de adjudicación directa”, declaró.

La denuncia va directamente contra el tesorero Municipal, Ricardo Chavarria Morales, la síndico Procuradora, Ana Marcela Guzmán Valverde, la oficial Mayor, María de los Ángeles Olague Contreras y el ex director de Recursos Materiales, José Lamberto Portillo Saldate.

Por fallos en coalición para adjudicar contratos de forma indebida, y la falta de investigación de la Sindicatura, por lo que consideró que el contrato debe ser declarado nulo por Cabildo y repararse el daño.

“Por encubrimiento por favorecimiento por parte de la Sindicatura Procuradora para investigar los casos de corrupción y adjudicación indebida de los contratos, y coalición de servidores públicos para delinquir y está coalición la realizan los integrantes del Comité de Adquisiciones”, manifestó.

Rodríguez Monárrez dio a conocer que también están dando aviso al Instituto de Transparencia de Baja California debido a que se entregaron 320 mil cuentas con nombres y direcciones sin la debida autorización por lo que podría haber multas de hasta un millón de pesos.

“Nosotros estamos pidiendo que se ingresan las pruebas que entregados, que se llame a las autoridades señaladas para que brinden su informe, se les tome declaración y en su momento ejercer acción penal”, puntualizó.