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El Imparcial / Tijuana / Kiko Vega

En manos de Fiscalía investigación contra ‘Kiko’

El secretario general del Gobierno del Estado dijo que ya entregaron todas las pruebas en contra del ex mandatario estatal.

La continuidad del proceso judicial en contra del ex gobernador Francisco Arturo “Kiko” Vega de Lamadrid y varios de sus colaboradores más cercanos ahora ya depende de la Fiscalía General del Estado (FGE), dijo el secretario general de Gobierno del Estado, Amador Rodríguez Lozano.



Reiteró que la nueva administración encabezada por Jaime Bonilla ya entregó todas las pruebas y denuncias pertinentes en contra de la gestión del ex gobernador panista y el seguimiento del caso y “sus futuras consecuencias” dependen únicamente de este organismo autónomo.

La estafa

El caso contra Vega de Lamadrid ha sido denominado la “Estafa Maestra de BC” por sus similitudes con la investigación federal de 2017, que involucró programas sociales y universidades estatales, en el que se utilizaron empresas fantasma para desviar recursos del erario público federal durante la administración de Enrique Peña Nieto.



El pasado 19 de noviembre el ex gobernador y gente de su círculo de colaboradores cercanos fueron denunciados penalmente por los delitos de peculado, abuso de confianza y fraude, que ascienden a más de mil 200 millones de pesos, luego de que supuestamente contrató servicios de asesoría a empresas fantasma.



De acuerdo con las pruebas presentadas, algunas de estas compañías fueron creadas el mismo día en que recibieron millonarios contratos.



Los acusados fueron el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, los ex secretarios de Planeación y Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz y Antonio Valladolid Rodríguez, la ex Oficial Mayor, Loreto Quintero, Rutilio Pérez Flores y Enrique Salcido.



El Secretario General de Gobierno también adelantó la iniciativa de ley para la creación de una Fiscalía Anticorrupción, dependiente de la FGE, que irá al congreso el lunes 25 de noviembre para su votación; buscarán que el titular de este organismo autónomo no haya estado en la administración pública en los últimos 30 años.

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