Esposa de 'Kiko' firma cuerdo para regresar dinero del DIF

Tijuana, BC.- La esposa del exgoberndor Francisco Vega y expresidenta del DIF estatal, Brenda Ruacho firmó un acuerdo reparatorio con el Gobierno del Estado, ya que aceptó su culpabilidad por el desvío de cerca de 7 millones de pesos, los cuales tenían como fin la operación de una estancia familiar para el Centro de Rehabilitación Integral Teletón (CRIT).

Ruacho de Vega acudió ayer a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para firmar el acuerdo, trámite que realizó desde su vehículo debido a la presencia de los medios de comunicación que estaban en el lugar para conocer su versión de los hechos.

El convenio implica que Ruacho de Vega acepta no reclamar el dinero de cuentas bancarias aseguradas por la Fiscalía a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y posteriormente transferirlo al gobierno del estado.

Tijuana

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Además, tendrá que regresar las instalaciones de la estancia familiar ubicada en el bulevar Lázaro Cárdenas, a un costado del CRIT en Tijuana, cuya titularidad estaba bajo el nombre de la asociación civil creada por Brenda Ruacho y por uno de sus hijos.

El hallazgo del dinero

Cerca de 6.8 millones de pesos es el monto que la exfuncionaria devolverá, según acordó con las autoridades, quienes localizaron las cuentas bancarias en mayo de 2020 durante el cateo a la mansión del exgobenador Francisco Vega de Lamadrid ubicada en la colonia Cumbres de Juárez.

“Ese dinero, la señora utilizando una campaña que había a favor del CRIT, creó una cuenta aparte de la oficial que debió haber utilizado, y a través de esa cuenta y una fundación que creó, una fundación distinta, recabó dinero y no lo entregó al DIF”, declaró Amador Rodríguez Lozano, secretario general de Gobierno.

Pero Brenda Ruacho no actuó sola, pues hay otros dos exfuncionarios cómplices: Jorge Vargas, exdirector del DIF de quien trascendió fungió como su operador; y María del Rosario Beltrán Bueno, adscrita al área de contaduría.

“Cree en tus sueños” A.C. es el nombre de la asociación civil que utilizaron los exfuncionarios a modo de esquema para el desvío de recursos donados por la ciudadanía, empresarios, empresas multinacionales y legisladores, entre otros. Sin embargo, el acuerdo reparatorio implica el fin del proceso para todos los implicados, pues extingue la acción penal, indicó Amador Rodríguez.