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México

'Kiko' Vega negoció la escasez de agua, acusa CCE Mexicali

Aun sin la existencia de una ley estatal que permitiera la creación de desaladoras,  gastaron alrededor de 20 millones de dólares en la compra de dos terrenos para la construcción de la planta.

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Por El Universal

El ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid.

El ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid.

CIUDAD DE MÉXICO

La construcción de 2 plantas desaladoras en Baja California bajo el esquema Asociación Público Privada (APP) propuestas por el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid dejarán embargada a la entidad durante 37 años, donde los únicos beneficiados serán empresarios y políticos cercanos a la clase gobernante.

En conjunto, los particulares tendrán ingresos superiores a los 57 mil millones de pesos durante los años de operación; lo que incrementará 30 por ciento el costo del agua en la entidad, según un estudio del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Mexicali.

Una de esas plantas estará ubicada en el municipio de Playas de Rosarito, tiene por objetivo producir 4 mil 400 litros de agua por segundo y fue planeada desde el 2005 por empresarios estadounidenses con la intención de abastecer la demanda en el SAur de California.

La empresa Aguas de Rosarito se conformó el 17 de agosto del 2016 con un capital de apenas 100 mil pesos, según el Registro Público del Comercio, un mes después que la Comisión Estatal del Agua (CEA) emitiera el fallo a favor del consorcio ganador conformado por tres empresas, NSC Agua (México), Degremont (Francia) y Nuwater (Sudáfrica).

La principal irregularidad en el caso de NSC Agua, es el nexo familiar entre uno de los socios, Alejandro de la Vega Valladolid y su primo Antonio Valladolid Rodríguez, ex secretario de Planeación y Finanzas del Estado, autor intelectual de los proyectos de las desaladoras.

Alejandro constituyó la empresa junto con el estadounidense Gough W. Thompson que, al unirse con la transnacional Consolidated Water Co. (CWC), representada por Frederick W. McTaggart, CEO y Presidente de la compañía con sede en Islas Caimán, dio paso a la creación de NSC Agua.

Aun sin la existencia de una ley estatal que permitiera la creación de desaladoras, De la Vega y asociados gastaron alrededor de 20 millones de dólares en la compra de dos terrenos para la construcción de la planta, uno en 2013 y otro más en 2014, un año antes de que se lanzara la licitación.

Otra empresa que conforma el consorcio es Degremont, filial de la francesa SUEZ Environnement, señalada por realizar proyectos de privatización de agua en distintas partes del mundo. La empresa es dirigida por Larry Fink, empresario que en su momento alabó las reformas estructurales impulsadas por el Presidente Enrique Peña Nieto.

Desaladora Kenton, la herencia panista

La Desaladora Kenton S.A. de C.V. fue constituida formalmente el 17 de diciembre de 2015, tres meses después de que la Comisión Estatal del Agua (CEA) otorgó el fallo a su favor, con un capital de únicamente 100 mil pesos.

El consorcio surgió de la fusión de 3 empresas, RWL Desal Holding, de origen estadounidense; así como Libra Ingenieros Civiles y R.J. Ingeniería, ambas mexicanas.

Libra Ingenieros Civiles cuenta con el 36.75 por ciento de las acciones de la Desaladora Kenton, fue constituida en noviembre del 1995 con un capital de 50 mil pesos y fundada por Marco Antonio Tapia Grijalva y Héctor Isidro Peterson Villalobos.

Héctor Isidro Peterson Villalobos es primo y socio de Carlos Loyola Peterson, quien era director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), organismo responsable de comprar el agua a la desaladora Kenton por los próximos 30 años, lo que de entrada significaría un grave conflicto de interés.

Si bien Carlos Loyola Peterson no participó en el proceso de licitación de la desaladora, en 2018 como director de la CESPE, formó parte del proceso de contratación de un crédito a cuenta corriente por 33 millones de pesos con Banobras, para cubrir cualquier faltante de liquidez en el pago a la empresa en la que se benefició su primo.

Héctor y Carlos mantienen una sociedad comercial con la empresa Hydro Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V., la cual forma parte del padrón de proveedores del Gobierno de Baja California.

La relación entre el Gobierno del Estado y la familia Peterson Villalobos nuevamente quedó al descubierto cuando el hijo de Héctor, Erick Alfonso Peterson Chinolla, pasó de ser asesor de Libra Ingenieros Civiles a funcionario estatal tras ser nombrado Director de Acuacultura de la Secretaría de Pesca (Sepesca) en marzo del 2017.

R.J. Ingeniería posee el 12.25 por ciento de las acciones de la Desaladora Kenton, y en ella se encuentra como socio Jesús Octavio Rincón Vargas, hermano de la Expresidenta Municipal panista de Playas de Rosarito, Mirna Cecilia Rincón Vargas.

A Rincón Vargas se le fincó responsabilidad por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por transferir, sin autorización, 10 millones de pesos del Seguro Popular al Hospital de Salud Mental de Tijuana, donde su hermano Jesús Octavio fungía como Tesorero en 2013.

Kenton fue licitada en 2015, tiempo en el que Mirna Rincón Vargas ocupó el cargo de Directora de Enlace y Seguimiento de la Secretaría General de Gobierno en Baja California, mientras su hermano obtenía el proyecto de la desaladora.

Maquillan cifras y violan la ley para justificar desaladoras

En entrevista el exgobernador Francisco Vega de Lamadrid expuso que las desaladoras fueron una recomendación directa de la Comisión Nacional del Agua en 2014 y agregó que no se trataba de un tema personal, ya que un mandatario estatal no podría decidir sobre la instalación de una planta debido a que todos los permisos son de carácter federal.

Tras revisar los procesos de licitación se constataron una serie de simulaciones, por ejemplo, en la licitación de la desaladora de San Quintín, solamente Kenton presentó propuesta, obteniendo por default el fallo a su favor.

En el caso de Rosarito, además de la ganadora, otras dos empresas presentaron propuestas que, si bien no obtuvieron el fallo a favor, finalmente fueron beneficiadas con uno de los 11 proyectos de obra lanzados por el gobierno estatal.

Una de ellas fue Urbanización y Riego Baja California S.A. de C.V. (Urbaca), la cual fue acusada de ser la compañía de cabecera de Francisco Vega de Lamadrid, y que obtuvo la licitación SIDUE-CESPM-APP-2016-001 para la Construcción de Tubería Troncal de Drenajes Pluviales Prioritario en Mexicali.

La tercera empresa que participó y dio "validez" a la licitación fue Hydrochem PTE. LTD. en consorcio con Fuerza de Apoyo Constructiva de Occidente, GSM Servicios en General y VAHER Inmobiliaria, estas dos últimas ganadoras de la licitación SIDUE-PGJE-APP-2016-002 relativa al diseño, construcción, operación y mantenimiento de un edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Pese a dichas irregularidades y la ausencia de un testigo social, ninguna de las empresas impugnó el fallo de la CEA.

Desabasto inducido y falta de mantenimiento

Líderes de la agrupación Artículo 39 PRO BC señalaron que funcionarios estatales presentaron información falsa a los legisladores para justificar la obra, lo cual denunciaron ante la procuraduría estatal sin que sus denuncias fueran atendidas.

Armando Salinas, miembro de esta agrupación, explicó que de mayo a octubre el Acueducto Río Colorado – Tijuana (ARCT) funciona a su mínima capacidad con la justificación de un ahorro de energía, lo que se traduce en una reducción de 40 millones de metros cúbicos, que representa el 28 por ciento del agua que necesitó Tijuana y Playas de Rosarito en 2017 según datos de la misma Comisión Estatal del Agua (CEA).

Un estudio realizado por el equipo de transición del gobierno de Jaime Bonilla Valdez entregado el 18 de septiembre del 2019 por el ahora titular de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), Rigoberto Laborín, evidenció el abandono del acueducto, debido a la falta de mantenimiento y obras.

Venta de agua a Estados Unidos, el verdadero negocio

Para concretar la compra-venta de agua a los Estados Unidos, los desarrolladores y el gobierno estatal necesitaban infraestructura, lo cual quedó plasmado en el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) presentado ante la Semarnat, el cual contemplaba la construcción de un acueducto que cruzaría la frontera norte para enviar entre 20 y 40 millones de galones de agua.

Según la minuta 20060313, el Distrito de Agua de Otay (OWD por sus siglas en inglés) gestionó con las autoridades mexicanas desde el 2006 la posibilidad de instalar una planta desaladora que cubriera el 40 por ciento de la demanda.

Al mismo tiempo, la transnacional Consolidated Water inició con el proceso legal y sostuvo reuniones con autoridades bajacalifornianas, quienes expresaron su deseo de comprar el agua tratada para venderla o intercambiarla con Estados Unidos mediante un mecanismo comercial.

En sus declaraciones del 13 de mayo del 2015, ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, Frederick W. McTaggart, CEO de Consolidated Water, señaló que fueron las mismas autoridades estatales quienes entablaron comunicación con sus similares en Estados Unidos a fin de buscar algún el acuerdo comercial.

* Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

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