Avala la Corte consulta sobre ex presidentes

Ciudad de México.-Arturo Zaldívar pidió a los demás ministros “integrar la voz de todas las personas al debate público”, y dos horas y media después, la Suprema Corte de Justicia autorizó la primera consulta popular que se realizará en México.

Todavía molesto, diez años después, por la derrota de su proyecto contra el gobierno de Felipe Calderón en el caso de la Guardería ABC, Zaldívar abrió el debate sobre la solicitud del Presidente López Obrador de someter a consulta la posibilidad de investigar a cinco ex presidentes, exigiendo a la Corte maximizar el derecho de los ciudadanos a participar.

“Lo que no podemos hacer es cerrar las puertas a la opinión ciudadana por temor a un escenario catastrófico de populismo penal. Los riesgos de una democracia débil o mal entendida no se solucionan clausurando los debates, la libertad de expresión o la participación ciudadana”, dijo.

México

Coordinador de Derechos Indígenas, Hugo Aguilar podría presidir la SCJN; está superando a Lenia Batres

El ministro fijó el tono de la sesión por videoconferencia, insistiendo que la función de la Corte en este caso no era jurisdiccional ni técnica, sino política.

Pero ya en lo técnico, Zaldívar arregló el problema interpretando que la Constitución permite que el resultado de las consultas populares no sea vinculante para las autoridades, en particular las de procuración y administración de justicia, incluso si participa 40 por ciento del padrón electoral, que es el requisito para que generen obligaciones.

Alfredo Gutiérrez se sumó a la idea. La consulta sólo obligaría al propio Ejecutivo a “recopilar información” sobre hechos de los 30 años previos, para en su caso activar procesos judiciales, que no estarían sujetos al voto popular.

En cuanto a la presunción de inocencia de los ex presidentes, Zaldívar no encontró riesgo de estigmatizarlos, porque “son personalidades públicas que ocupan una dimensión política e histórica en nuestro país y, por tanto, se convierten en sujetos de interés para la deliberación pública”.

Para Alberto Pérez Dayán y Yasmín Esquivel, la materia de la consulta es la responsabilidad de los servidores públicos, tema que sí puede ser sometido a voto popular, mientras que Juan Luis González Alcántara lo avaló por estar encaminado “al esclarecimiento de la verdad”.

Margarita Ríos-Farjat, la ministra de más reciente ingreso, deploró que no se hubiera aprobado ni una sola consulta popular desde la reforma de 2012 que las creó.

Las respuestas más duras a la mayoría fueron de los ministros Norma Piña y Javier Láynez, que no ocultaron su molestia.

“Se pretende consultar si el Estado debe cumplir con su deber de investigar y perseguir el delito, lo que implica someter a consulta la vigencia de dos principios fundamentales del Estado de derecho: la obediencia a la ley y la igualdad de las personas ante ella”, dijo Piña, ministra de carrera judicial.

Láynez rechazó tajantemente que la justicia se pueda consultar, o que puedan existir consultas populares de las que salga un resultado que no obligue a las autoridades, aun si participa el 40 por ciento del padrón.

México

Claudia Sheinbaum defiende programas sociales y anuncia inversiones millonarias en infraestructura durante su gira por Colima “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”

“Si la consulta popular no tiene consecuencias jurídicas, perdón, se puede consultar sobre cualquier cosa y cualquier materia. Preguntemos a la ciudadanía si prefiera que en vez de República, México sea una monarquía, o preguntemos si debe desaparecer el Impuesto sobre la Renta.

“¿Podemos siquiera imaginar una consulta sobre si se debe investigar y perseguir a los inculpados del caso Ayotzinapa?, ¿del caso de la Guardería ABC? ¿Cual sería el sentir de las victimas de un delito sexual, si previamente se preguntara a los ciudadanos si se deben perseguir o no tales conductas, con efectos vinculatorios o no? ¡Esto no se hace!”, agregó.

Lo que sigue

La SCJN tiene 24 horas para notificar al Senado sobre la constitucionalidad de la consulta popular.

La realización de la Consulta debe ser aprobada por mayoría simple de ambas Cámaras del Congreso.

Aprobada por mayoría se emite la convocatoria y se debe turnar al Instituto Nacional Electoral (INE).

La consulta tendrá que celebrarse el primer domingo de agosto de 2021.

No se celebrará junto con las elecciones del 1 de junio de 2020.