Señalan empresarios sobrerregulaciones con iniciativa estatal
La propuesta del Congreso de Baja California pretende aplicar una nueva licencia sanitaria a comercios.
El presidente estatal del CCE dice que comercios viven una crisis y el nuevo cobro la agravaría. | PABLO HURTADO
Tijuana, BC.- Es inadmisible someter a distintos sectores comerciales al pago de sobrerregulaciones, declaró el presidente del Comité Técnico Estatal del Consejo Coordinador Empresarial de Baja California (CCE), Carlos Ibarra Aguiar.
Esto como rechazo a la propuesta de la Comisión de Salud del Congreso de Baja California, en la que se pretende aplicar una nueva licencia sanitaria a establecimientos de diez giros comerciales.
“No solo reiteramos nuestro rechazo a esta propuesta, al contrario, solicitamos a nuestros legisladores, crear incentivos fiscales para motivar y facilitar la recuperación de los sectores”, dijo.
El representante de los empresarios exigió de manera enérgica al Congreso del Estado ser sensible con el sector restaurantero, hotelero y comercial, tomando en cuenta que aportan siete de cada diez empleos del sector servicios.
Y que como resultado de la crisis económica provocada por la emergencia sanitaria se prevé que el 40% de los negocios ya no podrá regresar a abrir sus puertas, lamentó.
Ibarra Aguiar reiteró que con la grave afectación económica como la que hoy se vive les espera de un largo camino para su recuperación y es inadmisible sobrerregulaciones que sin duda alguna no se podrán soportar.
Destacó que los sectores están de acuerdo con las normas para garantizar la sana operación de los restaurantes, hoteles y comercios, pero no de sobrerregulaciones, porque cumplen con una licencia sanitaria.
La iniciativa de la Comisión de Salud busca reformar la Ley de Salud Pública del Estado, en los artículos 2, 149, 150, 153 y 153 BIS. El dictamen no menciona aún un cobro específico de esta licencia, pero señala que será conforme a lo que disponga la Ley de Ingresos del Estado, la legislación fiscal y los acuerdos que celebren el Ejecutivo federal y las autoridades sanitarias del Estado.
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