Nueva licencia sanitaria castiga a sector comercial de BC

La aplicación de la licencia sanitaria aprobada por el congreso del estado, además de generar una sobre regulación y ser una legislación inconstitucional, afectará a 200 mil personas en el estado, aseguró el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías.

El sector comercial de la ciudad que tendrá que aplicar pagar una nueva licencia sanitaria, dijo, está herido y convaleciente financieramente por la suspensión de actividades debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus.

Calificó de incongruente hacer que el sector económico más castigado ahora se le tenga que cargar un requerimiento extra para poder seguir operando.

Esta reforma a la ley de salud pública del estado, aseveró que es inconstitucional, desde el punto en que no puede cobrarse un derecho si no se encuentra especificado en la ley de ingresos local.

Si se hacen cálculos y ves quienes son los más afectados, son alrededor de 10 mil comercios que tienen agrupadas en promedio a 200 mil personas, directas e indirectas, estos serán los que resulten más afectados”, lamentó.

Las empresas que están cerradas y que para aperturar requerirán de esta licencia, será casi imposible que puedan pagar el derecho de esta norma sanitaria, destacó, si no han podido trabajar desde marzo.

Además, el abogado fiscalista y quien lleve el juicio de amparo de los afectados en contra del congreso del estado, catalogó a la legislatura de irresponsable y además de sorda ante las que las necesidades de la gente.

“Este sector está enojado y lesionado, por eso van a defenderse con la ley en la mano, ante la irresponsabilidad y poca ética del congreso, se van amparar y llevarán este tema hasta las últimas consecuencias”, aseveró.

Las medidas de los legisladores no están afectando a los grandes empresarios, están afectando a la sociedad, resaltó; ya que está el escenario de que los costos de esta licencia si o sí se traspasen al precio de los productos y servicios.

“No se está afectando a los grandes empresarios, sino a la sociedad, habrá 200 mil personas afectadas por esta medida y la población es la que va a terminar pagando todos esos incrementos y sobre regulaciones que ha aprobado el congreso”, concluyó.

El pasado 15 de mayo el Congreso de Baja California publicó en el periódico oficial del estado, la reforma a los artículos 2, 149, 150 y 153 de la Ley de salud pública local, entre lo que destaca el requerimiento de una nueva licencia sanitaria aplicable a 10 giros comerciales.

Dentro de los que destacan los establecimientos dedicados al expendio de alimentos bebidas alcohólicas y no alcohólicas; los que presten servicios de asistencia social; los rastros; las albercas y los baños públicos.

Además de los centros de reunión y espectáculos; los dedicados a la prestación de servicios estéticos como peluquerías, salas de belleza o masaje; los de hospedaje; las funerarias; los transportes de carga de alimentos y perecederos, y los centros de desarrollo infantil entre otros.