Usados…

“Un país desarrollado no es aquel donde el pobre tiene auto, sino aquel donde el rico usa el transporte público”
-Frase atribuida a varios personajes.

La frontera norte de este país es una mezcla rara y poderosa de lo mejor y en ocasiones de lo peor de ambos países. Durante décadas, cuando estábamos virtualmente desconectados de la proveeduría de nuestro país, dependíamos considerablemente de nuestros vecinos del norte para surtirnos de diversas mercancías y alimentos.

Recuerdo en mi infancia durante la década de los 70, que los autos nuevos que se ofrecían en las agencias de autos de nuestro estado eran, excepto un par de marcas y modelos, vehículos importados de estados unidos bajo el amparo de la zona libre. Esta misma zona libre permitía, además, que quien no podía acceder a comprar un auto nuevo de agencia pudiera comprar e importar un auto usado de los Estados Unidos para circular a lo largo de la zona libre, siempre y cuando estuviera contemplado el modelo y el año dentro de los decretos que periódicamente publicaba el ejecutivo. En esas épocas, en nuestro estado florecieron los lotes de autos usados fronterizos, dominando estos el mercado de vehículos a lo largo de la frontera. Eran tiempos de bonanza para los importadores y comercializadores de autos usados.

Para diferenciar los vehículos nacionales de los importados, cada estado que participaba en el programa de la zona libre emitía placas de circulación de diferente color para cada tipo de régimen de importación; en nuestro estado las de fondo blanco eran para los autos nacionales que podrían circular por todo el país, y las amarillas y posteriormente naranjas, serían para diferenciar a los autos importados y autorizados para circular solo en la franja fronteriza.

Con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se impusieron nuevas reglas para la importación de autos nuevos y usados; se estableció que los vehículos nuevos y usados manufacturados en esta región económica podían ser importados y se permitiera su circulación por todo el país; sin embargo, fuera de los importados por fabricantes de autos, pocos vehículos nuevos o usados se importaron por estos mecanismos contemplados en el TLCAN ya que se requería que los fabricantes entregaran a un tercero el certificado de origen comprobando que el vehículo era fabricado en la región; simplemente se negaron a hacerlo.

Por ello, permaneció en la zona fronteriza la posibilidad de importar autos a través de decretos “adaptados” a las reglas de origen del TLCAN, pero con otros requisitos a cumplir y con tasas de importación y valores estimados muy por arriba de los valores de mercado de los automóviles encareciendo su importación.

Además del TLCAN, nuestro país firmó tratados comerciales con la Unión Europea y el Mercado Común de América del Sur, permitiendo mayor importación de autos nuevos fabricados en estos mercados y abriendo nueva demanda de autos mexicanos para exportación. El gobierno claramente privilegió a los fabricantes mexicanos y la industria automotriz se convirtió en la principal industria de exportación de nuestro país, muy por encima las exportaciones petroleras.

Todo esto, provocó que, al ser tan altos los costos de importación de autos usados, la alta demanda se atendiera con vehículos usados de contrabando (chocolates) que fueron inundando nuestras calles hasta convertir a Mexicali y Tijuana en las ciudades con más alto índice de motorización del país. Para agudizar este problema, sumemos que las autoridades competentes se hicieron de la vista gorda e históricamente han permitido la circulación indiscriminada de autos ilegales so pretexto de que la necesidad de moverse de toda esta gente era provocada en gran parte porque, condenar a los más pobres y vulnerables a utilizar el deficiente, costoso y peligroso sistema de transporte público era una peor alternativa que dejarlos circular.

Este viernes aquí en nuestro estado, justo en la víspera de la firma del decreto que dará oportunidad a la “legalización” de los autos chocolates, el presidente Andrés Manuel López Obrado dio a entender que el costo del trámite será de 2,500 pesos y que el recurso obtenido será recaudado por el estado.

Cuando usted esté leyendo estas letras, seguramente se conocerán los detalles relacionados a dicho decreto; al momento de escribirlas desconozco el contenido del decreto, pero quisiera pensar que las obligaciones que les impondrán a los propietarios de estos autos, serán las mismas que nos han impuesto a los que hemos circulado legal y responsablemente. Espero también, se les exija circular en buenas condiciones mecánicas, que cuenten por lo menos con seguro de daños a terceros y que los autos estén sujetos a verificación ambiental. También esperaría, que después de un plazo razonable retiren de circulación a todos los vehículos que optaron por continuar en la ilegalidad.

Por lo que a los recursos a recaudar concierne, se estima que por cada 100,000 autos legalizados se recaudarán 250 millones de pesos y estimo que en Baja California debe haber por lo menos medio millón de autos en estas condiciones; esperemos que esos cuantiosos recursos sean aplicados en acciones que promuevan la movilidad sustentable y no en acciones que perpetúen nuestra dependencia en el uso de automóviles privados.

Además, me gustaría respetuosamente exhortar a nuestro presidente en su visita, a que le exija a las autoridades locales entrantes que resuelvan de fondo e impulsen el SIT de Mexicali y que corrijan o desaparezcan al fracasado SITT de Tijuana para así al fin, iniciar la verdadera transformación del transporte público y la movilidad sustentable en nuestras ciudades.

*El autor es arquitecto tijuanense, pro ciudades compactas.