Unos más iguales que otros

Aunque es la primera vez que yo sepa que un Gobernador en funciones denuncie penalmente al saliente, no creo que se vaya a concretar la consignación, el proceso y la condena como debe ser, y no es porque sea yo de mala leche, que lo soy, sino porque el sistema judicial que padecemos no tiene los engranajes aceitados y es sumamente corrupto. Tiene una eficiencia terminal muy baja. En otras palabras, son muy escasas las demandas penales que siguen un proceso judicial hasta llevarlo a una sentencia. Quienes delinquen tiene la certeza de que no van a ser castigados, por eso es tan alto el índice de los delitos cometidos. Por consiguiente, Kiko Vega de Lamadrid ni suda ni se acongoja.

Los niveles de corrupción del sexenio anterior en el estado fueron significativos y, aunque la sociedad civil no pudo obtener información fidedigna y oficial, la creencia se convirtió en realidad al ofrecérsenos datos de lo que pasó. El gobernador Jaime Bonilla en su afán de convencernos de que será una persona preocupada por los asuntos de los bajacalifornianos, toma la decisión de iniciar un proceso penal que todos deseábamos que ocurriera.

Sin embargo, no es solo el caso actual el importante. Si fuéramos serios y le quisiéramos dar certeza a los actos de gobierno, todos los anteriores gobernantes del estado y de los municipios deberían ser investigados. En los cinco hay evidencias de malos manejos, de peculado y de abusos de autoridad en contra de funcionarios públicos de las pasadas administraciones, que los podrían llevar a cumplir sentencias penales. Por ejemplo, en Tecate, los ciudadanos hemos denunciado a Javier Ignacio Urbalejo Cinco y a César Moreno González de Castilla, ambos ex presidentes municipales pero el Congreso del estado y las autoridades judiciales los han protegido hasta la ignominia. A la corrupta ex alcaldesa municipal, Nereida Fuentes, debería investigársele por la posibilidad de que exista un enriquecimiento inexplicable e ilícito. Era una proletaria y ahora es una millonaria.

De manera obligatoria, a los ex funcionarios debe de practicárseles una investigación fiscal para que se compruebe que sus ingresos y sus pertenencias declaradas, sean el resultado del trabajo y de los ingresos legales y que se correspondan. Si sus pertenencias sobrepasan sus ingresos, esto exige un proceso judicial que determine que los recursos financieros sean el resultado legal de sus inversiones.

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Si haces lo que todos, entonces no piensas

Quienes estamos comprometidos con la lucha contra la corrupción vemos, con desconfianza, el que no se abra el espectro de las denuncias hacia todos los que se han enriquecido con los recursos financieros gubernamentales. Es muy fácil comprobar si se ha cometido algún delito, pero si esta es una afirmación simplista, el gobierno debería demostrar con evidencias indiscutibles, que los dineros se usaron en donde estaban destinados y que las cuentas bancarias y las propiedades e inversiones de quienes han administrado las ciudades, son producto de su trabajo y legales sin duda alguna. Mientras esto sucede, esperamos que la bomba que han lanzado al aire bajacaliforniano, no se desinfle y se sacuda en todas direcciones hasta que se pose en un lugar seguro, sin dañar a los supuestos implicados. Las leyes deberían ser iguales para todos, pero algunos son más iguales. Vale.

* El autor es Lic. en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.