Torciendo la ley

Por el derecho a la libertad de expresión.

Es indignante tener la certeza de que el gobernador entrante Jaime Bonilla Valdez intenta hacerse del poder durante cinco años, basándose en una encuesta hecha a modo, indebida y mañosa, a la cual solo la apoyaron 53 mil ciudadanos bajacalifornianos, de los cuales solo 40 mil le dieron el sí. En contrapartida, más de 350 mil electores que lo apoyamos en las elecciones constitucionales ni siquiera tomamos en cuenta ese sondeo, porque nuestra decisión ya había sido dada. Para que vean cuán grande es la magnitud de ese abuso del poder, hay en Baja California más de un millón de electores y su acción ilícita no fue capaz de convocar, cuando menos, al 5% de ese universo de votantes.   

Según ha ido revelándose día tras día, se colocaron 250 casillas en todo el Estado, cuya ubicación no fue revelada con anterioridad, creando un efecto de desconfianza que no le dio certeza ni legalidad. Pero concediéndole el derecho que tiene de llevar a cabo su estrategia, como se lo permite su calidad de ciudadano, la encuesta es solo eso, un instrumento que busca sondear el parecer de una parte de la ciudadanía. Con ella se pueden realizar una serie de acciones de gobierno, pero no establece ninguna concesión o vinculación con los efectos ciertos, legales y congruentes de una elección constitucional regular. Solo da pautas para la elaboración de estrategias y políticas gubernamentales. Solo eso.

Por otra parte, la tibia reacción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, refuerza la actitud desafiante y segura del Gobernador electo a quien, todo parece indicar, las críticas se le resbalan y sigue empecinado en sus cinco años de gobierno, sea legal o no. Pudiera pensarse que es una intentona de un grupito de inconformes los que quieren deshacer su proyecto, pero es abrumadora la cantidad de politólogos, juristas, miembros de la academia, integrantes de organismos gubernamentales, ciudadanos comunes y corrientes y columnistas de los periódicos en línea o no del país, quienes estamos inconformes de la posibilidad de que esta ilegalidad llegue realizarse, por la forma tan violenta de transgredir nuestro marco jurídico.           

Nuestro estado está en una situación de alto riesgo porque quienes se supone deben respetar y hacer respetar nuestras leyes, como lo son el Congreso del Estado y las autoridades gubernamentales entrantes, han hecho una mancuerna para, juntos, torcer las leyes y lograr los cinco años de gobierno. Es urgente e insoslayable el que López Obrador tome partido y se pronuncie contra esta actitud gandalla, o que se defina como soporte para su amigo Jaime Bonilla Valdez. No puede haber medias tintas ni se puede, ni se debe crear el escenario de no pasa nada. Por cierto, sobre quien recae la decisión de definir este grave asunto es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con la definición que se produzca en este organismo supremo, habrá un impacto en el rumbo en el corto, mediano y largo plazos de nuestra vida política-social y económica. Los ciudadanos debemos estar atentos para actuar en concordancia. Estamos obligados a defender la legalidad. Vale. 

 * El autor es Lic. en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.