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Columnas Casillero

Terrorismo en contra de Uber… ¿y los taxis piratas y los autos chocolates, qué?

“La injusticia es una madre jamás estéril: siempre produce hijos dignos de ella.”

Adolphe Thiers

Por Ignacio Calderón Tena

“La injusticia es una madre jamás estéril: siempre produce hijos dignos de ella.”

Adolphe Thiers

En últimas fechas nos ha tocado ver cómo el Congreso de Baja California ha legislado con objeto de sancionar con cárcel a aquellas unidades de Uber, Didi, Cabify, entre otras, que no cumplan con las nuevas reglas de permisos para su operación.

Resulta que el 17 de junio, el Congreso del Estado aprobó el dictamen 9 de la Comisión de Justicia, que criminaliza a los choferes de plataformas digitales como si se tratara de delincuentes que su único delito es buscar un modo honesto de vivir.

Efectivamente, el texto aprobado menciona que: “toda persona que ofrezca servicios de transporte público, privado o de carga, recibirá una sanción de 6 meses a 2 años de prisión, además de una multa de 380 UMAS, y -por si fuera poco-, el decomiso del vehículo”.

Esta medida, que todas luces resulta draconiana y contraria a las libertades que consagra nuestra Constitución, contrasta con el tratamiento laxo, corrupto y permisivo que la propia autoridad tiene frente a los miles de automóviles irregulares denominados “chocolates” que a diario circulan por nuestra Ciudad, los cuales se burlan de todo tipo de reglamentaciones, pero seguramente que serán votos para las próximas elecciones.

Tanto los carros chocolates, como los taxis piratas o los automóviles con placas vencidas de California, suelen ser más peligrosos, pues son un medio propicio para cometer todo tipo de delitos, a diferencia de los conductores de Uber que solamente transportan personas o alimentos de un sitio a otro de la Ciudad, pero que la falta de permisos ahora los puede hacer acreedores a sanciones de cárcel y decomisos como si se tratase de los peores delincuentes.

Según diversas declaraciones, se dice que en Baja California circulan poco más de 200 mil vehículos en esas condiciones ilegales, sin poder precisar cuántos de ellos son incluso robados. Cabe aclarar que varios líderes de estas organizaciones (ONAPAFA, ANAPROMEX, etc.), les fue tan bien con sus “trácalas” y manifestaciones, que hoy en día han sido premiados con diputaciones y diversas protecciones de los partidos de izquierda, cuestión que los hace intocables frente a la ley.

Existen autos chocolates y taxis piratas en Tijuana porque la autoridad se ha corrompido y ha permitido que se rompa el estado de derecho, sin embargo, una ley a todas luces injusta como la que se pretende implementar a los UBER, no va a solucionar nada si no se ataca la corrupción imperante y se resuelven todas las irregularidades anteriores.

Es increíble que nuestros “sesudos” diputados, que alguna vez juraron defender las causas sociales, trabajar por los más necesitados, defender la ley y la justicia, sean los mismos que ahora atropellan a personas que buscan un trabajo honesto.

En un Estado de Derecho se debería analizar la manera en que operan todos los sectores sociales, incluidos los mercados sobre ruedas, los “swap meets”, etc. y una vez que todos estén dentro de la ley, entonces sí, pensar en nuevos esquemas regulatorios, pero nunca con sanciones de cárcel por no registrarse como chofer de aplicación, pues pareciera que lo que ocurre es que no quisieron “arreglarse” con la autoridad y por eso los quieren sancionar severamente.

* El autor es asesor empresarial en cabildeo.

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