Sin pago

Seguramente al procurador de Justicia Cristian Colosio Lule, al oficial mayor Luis Armando Moreno Carrazco y, sobre todo al gobernador Francisco Vega de Lamadrid, les han de haber zumbado los oídos durante todo el día de ayer.

Resulta que desde temprana hora empezó a circular en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) información en el sentido de que no iba a haber pago hasta nuevo aviso y, sobre todo, no hicieran escándalo o de lo contrario tendrían consecuencias nada gratas para los inconformes.

Solo que esto no es todo, pues entre agentes ministeriales y Ministerios Públicos hay un ingrediente más para estar muy molestos.

Resulta que antes de salir de la titularidad de la PGJE, Perla del Socorro Ibarra Leyva gestionó y logró conseguir una “pensión humanitaria” para Carlos Armando Ríos Treviño, director de Servicios Administrativos, quien ha sido uno de sus colaboradores de toda la vida.

Ríos Treviño ha laborado en diversas etapas de su vida en la dependencia estatal, pero cada vez que salía era indemnizado. Y ahora resulta que le “reconocieron” el tiempo laborado para darle una pensión, que según comentan no tiene nada humanitario, sino que tiene que ver con amistades.

Hay quien dice que Ibarra Leyva ignoraba el movimiento para dar la pensión a Ríos Treviño, porque supuestamente todo se gestó directamente en la Oficialía Mayor de Gobierno. Pero conociendo la relación de entrañable amistad de Ibarra Leyva con el gobernador Vega de Lamadrid, es difícil pensar que ninguno de los dos sabía, sino que por el contrario, tuvo la venia del mandatario.

Pero como dijo Calderón “haiga sido como haiga sido”, el protegido de la ex procuradora, hoy magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se salió con la suya, cuando se supone que esas pensiones humanitarias estaban diseñadas para el personal operativo, puesto para el que no existe un programa de retiro formal.

De momento, el mal humor está a flor de piel en la Procuraduría estatal, aunque dicen que ayer por la tarde les pagaron la catorcena y quedó pendiente el pago de la compensación.

Abuso de autoridad

Entre los terrenos y parcelas que existen en el Valle de Guadalupe en Ensenada, en la ruta del vino, existe mucha incertidumbre entre propietarios ante abusos por parte de algunos que valiéndose de una pizca de poder, pretenden amagar a quien se deje con el fin de hacerse de sus terrenos de una manera no muy clara.

El caso viene en mención, pues se comenta que el pasado 13 de agosto al filo de la medianoche, una de las encargadas del DIF en el Valle de Guadalupe, de nombre María del Refugio Gaspar, mejor conocida como “Cuca”, llegó a bordo de una camioneta con un grupo de sus achichincles a querer respaldar el despojo ilegal de una parcela en el Ejido Porvenir, momentos antes la hija del propietario, aprovechando que su padre de 71 años se encuentra recién trasplantado del riñón y con otros padecimientos, quiso apropiarse de su terreno a la mala, lo que provocó que los otros hermanos salieran en defensa de su padre.

La hija agresora, se dice, no midió que saldrían tantos a apoyar a su progenitor, por lo que recurrió a la ayuda de María del Refugio Gaspar, quien quemando llanta llegó al terreno rompiendo una cerca y bajó a amenazar a la familia que defendía al padre, advirtiendo que ella tenía todos los medios para poder que la hija de nombre Lorena se pudiera hacer de la propiedad de la parcela estando vivo o no su padre y que si no querían meterse en problemas con las autoridades municipales lo mejor era que dejaran que “Lore” se quedara con estas tierras, a pesar de que esta no cuente con ningún título de propiedad del inmueble.

Así es como algunos funcionarios de menor importancia se valen del poco poder que tienen para intimidar a personas de origen humilde y querer espantarlos poniendo al gobierno municipal de Marco Antonio Novelo Osuna por encima de ello, a pesar de que se sabe que las autoridades municipales no tienen conocimiento del conducir de esta funcionaria quien ha sido señalada en el Valle en varias ocasiones de irregularidades, desde la atención parcial y discriminatoria a algunas personas de grupos vulnerables, hasta amedrentadora personal de despojadores de terrenos.