Sin interés

La semana anterior mencionamos que iniciaba el año con una espiral de violencia similar al anterior, donde al 17 de enero se llevan acumulados 1,299 homicidios en el país.

Igualmente mencionamos que tomando en cuenta los presupuestos municipales y estatales autorizados en materia de seguridad para 2021, se auguraban los mismos resultados acontecidos a la fecha.

A nivel federal pareciera acontecer la misma situación.

En términos presupuestarios, todas las entidades federales como son la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial y la Marina tuvieron incrementos iguales a la inflación comparados a 2020, donde solo la Secretaría de la Defensa tuvo un incremento substancial, esto debido a que ellos construirán el aeropuerto de Santa Lucía.

Consecuentemente, no se entiende como contarán con recursos suficientes para combatir la inseguridad, y sobre todo como seguirán incrementando y fortaleciendo la Guardia Nacional.

Igualmente, el FORTASEG o “Fondo de Fortalecimiento a la Seguridad Publica”, que en 2020 ascendió a $4 mmdp, fue cancelado en su totalidad. Este fondo era recibido directamente por los municipios y se utilizaba para la capacitación y equipamiento de las policías municipales.

Con estas acciones la Federación entra en conflicto, por un lado, promueve la emancipación de las policías locales a través del “Plan Nacional de Policía y Justicia Cívica”, y por el otro cancela este fondo que llegaba a 286 municipios que concentran el 70% de la incidencia delictiva del país.

Las incongruencias no paran ahí. Como consecuencia de la confrontación que se está dando con el gobierno de EU debido a la exoneración por parte de la FGR del General Cienfuegos, el gobierno norteamericano ha compartido información relevante que genera interrogantes.

Según esta información en los primeros dos años de gobierno, el gobierno actual recibió $320.5 millones de dólares del gobierno estadounidense para combatir al crimen organizado y la violencia asociada, esto a través de la Iniciativa Mérida, con otros $159 millones a ser entregados en 2021.

Sin embargo, el gobierno mexicano ha declarado que busca desaparecer este plan y reorientar estos fondos a desarrollo y creación de empleos, algo muy loable pero imposible, en el entendido que estos fondos vienen etiquetados para combatir la inseguridad.

De igual manera, a través de su embajador, el gobierno norteamericano declaró que México había rechazado apoyo en equipo tecnológico para combatir el tráfico de armas, y no había solicitado la extradición de traficantes de armas mexicanos detenidos en EU.

En materia de combate al lavado de dinero, según acuerdos internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional, México solo cumple con 5 de las 40 recomendaciones establecidas, encontrándose en el nivel mas bajo del listado entre los 11 países latinoamericanos pertenecientes.

Finalmente, después de la renuncia del anterior Secretario de Seguridad Pública Federal, donde la titularidad permaneció acéfala durante tres meses, se incorpora una nueva titular sin aparente experiencia previa en el ramo.

Resumiendo, con un proceso electoral en puerta, y deseando equivocarme, el panorama en materia de seguridad en nuestro país, estado y municipios, no parece ser alentador durante el 2021 ni prioridad para ninguno de los tres órdenes de gobierno.

*- El autor es Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.