Reformas judiciales

Donde aún no se reponen de la sacudida registrada desde la semana pasada, es en el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Salvador Juan Ortiz Morales.

Se debe recordar que el Ejecutivo estatal entregó al Congreso del Estado, a través del diputado ex panista y hoy férreo morenista, Juan Manuel Molina García, una iniciativa de reforma para el Poder Judicial del Estado, que incluye la desaparición del Consejo de la Judicatura, órgano encargado de la vigilancia, disciplina, administración y carrera judicial.

Eso provocó precisamente la sacudida en el Poder Judicial del Estado, donde se señala que de darse esa desaparición, las cosas volverían a ser a la antigüita, donde los magistrados tenían que hacerse cargo precisamente de las funciones encomendadas al Consejo de la Judicatura.

Pero en la propuesta de reforma de ley, hay un punto por demás interesante y preocupante, que es la designación de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) por medio de una terna enviada al Congreso del Estado por parte del Ejecutivo estatal.

Actualmente la designación de los togados se realiza por medio de un concurso abierto organizado por el Consejo de la Judicatura, con exámenes sicométricos, teóricos, prácticos y una entrevista, para finalmente enviar las propuestas al Congreso del Estado.

En las indiscretas paredes del Poder Judicial del Estado se comenta que eso sería retroceder a las épocas priistas, donde el gobernador en turno ponía y quitaba magistrados a su antojo.

Quienes parecen estar interesados en revisar la iniciativa presentada por el Ejecutivo, son los integrantes de la Federación de Abogados, que preside José Luis Molina y José Alberto Fernández Torres firma como vicepresidente de Enlace Legislativo de la Federación, así como el Colegio de Abogados Penalistas de Mexicali, encabezado por Hernán Cortés Carrillo, porque parece que apoyan la supresión del Consejo de la Judicatura, pero siempre y cuando haya un organismo autónomo que garantice la disciplina, vigilancia y conducta de jueces y magistrados.

De hecho, la Federación y los Penalistas están por convocar a una reunión a todos los colegios y organizaciones de abogados del Estado para ver el tema, teniendo como invitado al diputado Molina García.

Marcha atrás

De los arrepentidos se vale dios y por eso los ediles de Rosarito buscan dar marcha atrás a su voto, que hace algunos meses emitieran en favor para que la regulación del transporte público pasara a manos del Estado, pero ahora ya no les gustó tanto la idea.

En sesión de Cabildo realizada la tarde del martes, los regidores votaron un punto de acuerdo para que la alcaldesa Araceli Brown Figueredo realice las gestiones necesarias, tanto con el Gobierno del Estado como con el Congreso, para que el transporte vuelva a ser de los municipios.

Según sus alegatos, es que no se ha cumplido con los acuerdos y por eso la lluvia de reclamos por parte de los transportistas es cada vez mayor y como no quieren pagar el costo político que esto representaría en las urnas el próximo año, el apuro es aún más grande, sobre todo en Rosarito donde “el apoyo” del transporte, según se dice, jugó un papel importante, para el triunfo de Brown Figueredo.

Los regidores aseguraron que Ensenada también anda en las mismas, por lo que ven posibilidades de que vuelvan a ser los mandamases en el transporte, pero en realidad la situación se antoja más que difícil y sin duda deja al descubierto lo poco que razonan su voto al momento de aprobar cambios de esta trascendencia, y que después ya no saben qué hacer con la papa caliente entre las manos.