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Agua Caliente

Que siempre no

Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, dio a conocer que dejó el equipo transición de Seguridad del Gobierno Estatal.

Por Agua Caliente

Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, dio a conocer que dejó el equipo transición de Seguridad del Gobierno Estatal al no coincidir con los criterios en los cuales se articuló la reforma constitucional en materia de seguridad.

Fue a inicios de octubre cuando Marina del Pilar Ávila Olmeda, en ese entonces como gobernadora electa, presentó a su equipo en materia de seguridad, en el que incluía a Hernández Niebla como coordinador para la Integración Sectorial de Seguridad. Según la información compartida por el Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, en la propuesta original se había propuesto la creación de un Secretariado Ejecutivo Estatal, independiente y no subordinado a ninguna secretaría, y que se pudiera convertir en un organismo evaluador.

Pero al quedar subordinado por una secretaría, detalla Juan Manuel Hernández que se convierte en juez y parte perdiendo inferencia y credibilidad con el resto del sistema de justicia. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y todo lo que conlleva, entraría en vigor en enero de 2022, siempre y cuando los ayuntamientos lo validen, por lo que Hernández Niebla llamó a realizar el relevo, así como ponerse a las órdenes de los gobiernos entrantes para contribuir apoyar en mejorar la seguridad.

Para autorizarla son tres los ayuntamientos que deben aprobarla, ya van dos: Mexicali y Tecate.

Y hablando del organismo el cual preside Juan Manuel, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de BC, hay quienes comentan que ya es urgente el cambio de presidencia, que debió hacerse hace meses.

Suenan para relevarlo: Roberto Quijano Sosa, por la IP; Rebeca Maltos, de organismo civil e Ismael Plasencia, académico de la UABC.

Juan Manuel Hernández Niebla

DECRETO

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha repetido en numerosas ocasiones, tanto en sus "mañaneras" como en sus mítines la frase "al margen de la ley, nada; por encima

Andrés Manuel López Obrador de la ley, nadie".

Sólo que con el decreto expedido el pasado lunes, parece haber cambiado todo.

Y es que el decreto para declarar como "seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México, asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades", entre otros, dicen que es una manera de acomodar la ley precisamente para ignorar múltiples disposiciones legales y sobre todo eliminar la transparencia que debe haber en obras y contratos. Conocedores del derecho han comentado la delicada y peligrosa situación, porque con ese "blindaje" el gobierno de López Obrador pretende impedir que cualquiera de las obras que emprenda sean bloqueadas por medio de amparos promovidos ante la justicia federal.

Aparte, se quita de encima a todos los solicitantes de información pública a través de las plataformas de transparencia y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

De esta manera, por ejemplo, si en Mexicali, Tijuana, Ensenada o cualquier otra ciudad, empieza la construcción de un hospital, la ciudadanía no podrá acceder a la información sobre esa obra, puesto que el decreto considera como "seguridad nacional" al sector salud.

O si algún particular se siente afectado por esa obra, podría promover un amparo ante la justicia federal, sólo que los juzgadores le negarán el amparo.

El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) José Ramón Cossio, lo ha explicado con claridad a través de algunos medios el alcance del decreto de marras: Genera una vía de excepción por lo que no se conocerán sobreprecios o compadrazgos hasta que se haya causado el daño a la hacienda pública.

Se ha comentado que los consejeros del INAI están "preocupados" por la disposición presidencial, aunque apenas hace unas semanas fueron paseados por la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, Estado de México, donde llenaron de elogios al Ejército y la "apertura".

Así que mientras son peras o son manzanas, dicen que tal parece la Presidencia de la República cerró las puertas a la transparencia ofrecida en campaña y al derecho que tienen los mexicanos por saber cómo se gastan los impuestos de los contribuyentes.

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