¡Que den la cara!

Por el derecho a la libertad de expresión.

Debido a que los integrantes de la XXII Legislatura del Estado, diputados electos y bajo juramento, que se comprometieron a respetar la ley y, sin embargo, violaron la constitución forjando un gran fraude deben, como corresponde, ser sometidos a una investigación judicial y penal, que determine las responsabilidades en que incurrieron. No tienen la posibilidad de alegar ignorancia o desconocimiento de la ley, porque los diputados están inmersos en el proceso de elaborar, modificar y reformar las leyes. Esto implica que para el desarrollo de sus actividades tienen a su disposición y auxilio constante, los servicios de asesores profesionales en diferentes áreas y especialidades, pero especialmente en asuntos relacionados con el sistema jurídico internacional, nacional y local.

Cuando decidieron la reforma a la Constitución Política de la Baja California, estaban conscientes de que preparaban un acto completamente ilegal e intentaban pasar sobre los resultados del proceso electoral, con el cual millones de bajacalifornianos habíamos manifestado nuestra decisión de modificar el estado de cosas actual y por cuánto tiempo. Sin embargo, en un acto abusivo, la totalidad de la XXII Legislatura definió de manera equivocada y gandalla, que Jaime Bonilla Valdez debería de ser gobernador por cinco años.

Este acto traicionero efectuado por diputados locales no es producto de un ejercicio de consciencia, que los indujo a buscar el beneficio de la ciudadanía. Es, todo parece indicar, fruto de una negociación económica que les beneficiaría. No puede ser de otra manera debido a que, días antes del proceso electoral, el sombrío ex diputadete, Benjamín Gómez Macías, vergüenza tecatense, se quejó con amargura, de que le habían ofrecido un millón de dólares para que promoviera la modificación de dos a cinco años del período de Jaime Bonilla. Acusó a un funcionario de la aduana y después, en una carta se desdijo y agregó que no tenía el gusto de conocer a su supuesto sobornador. Sin embargo, aunque retiró las acusaciones, terminan él y todos los demás diputados promoviendo la modificación del período de gobierno, ganándose una lana de seguro.

Por una cuestión de dignidad y de respeto al electorado, se debe investigar penalmente a todos los integrantes de la XXII Legislatura del Estado de Baja California. No puede permitirse que un acto de esta bajeza permanezca adornándonos, como una distinción maligna. Como ciudadanos y miembros del electorado, estamos obligados a hacer respetar nuestras leyes y a mostrarles a los diputados que no son libres de hacer lo que les dé la gana, sino que se deben restringir a lo que les marca la ley.

De la misma manera, la actual XXIII Legislatura también debe ser sancionada, dado que apoyó de manera directa la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación diera un fallo favorable a Bonilla. Permanecieron omisos y callados sin hacer señalamientos, aunque estaban obligados a hacerlo. La grave intentona de pasar sobre la decisión del electorado, manifestada en las urnas, tiene un significado mayúsculo. Sencillamente implica, que existe otra posibilidad de obtener resultados diferentes a las elecciones, si se utiliza la conducta corrupta de los diputados, siempre dispuestos a obtener beneficios económicos de sus curules. Vale.

* El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.