Perplejidad

Por el derecho a la libertad de expresión

Todo mundo estamos perplejos en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California, y en el resto del país, por la situación tan extremadamente insegura que vivimos, en la cual no se mira que haya una respuesta ad hoc, ideal, para enfrentar a los agresores. La forma aislada por medio de la cual se cometieron actos terroristas, con individuos que no parecen seguir una dinámica lógica agresiva, sino que operan de manera impulsiva sin seguir un orden específico o adivinable, infiere, sin embargo, una planificación definida. De la misma manera, las aprehensiones no determinan un grupo en especial ni una dirección criminal visible, a la cual se pudiera responder para minar las acciones criminales, sino que pudiera ser cualquier grupo del crimen organizado.

A los ciudadanos bajacalifornianos comunes y corrientes, nos sorprendió que nuestro estado fuera parte de las acciones terroristas que sucedieron la semana pasada. No tuvimos ninguna información previa, de parte de las autoridades gubernamentales y policíacas, que se hubieran desplegado con anterioridad, que nos hubiera prevenido y dado líneas de seguimiento para desarrollar acciones de protección individual y familiar. Esto, de manera directa, nos define que quienes llevan el liderazgo son indudablemente los miembros del crimen organizado. Ellos están poniendo la agenda y el resto del país nos integramos a las actividades a las que nos obligan a participar. En otras palabras, Inmediátamente nos enclaustramos, dejamos de desarrollar nuestras actividades cotidianas y comenzamos a consumirnos por el temor. Sin embargo, no es nuestra culpa. Los ciudadanos no se supone que estemos obligados a responder defendiéndonos. No tenemos cómo hacerlo. Son las fuerzas policíacas las que deben resolver esta situación tan grave y fatal.

El caos se agrava, además, con las participaciones y declaraciones de quienes nos gobiernan y por los que emitimos los votos. El oportunismo y el agandalle de los políticos redentores, como el Senador Jaime Bonilla Valdez, revuelve más la situación, al acusar a la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, y al Fiscal General de Justicia de Baja California, Iván Carpio Sánchez, de ser parte del crimen organizado, sin ofrecer ninguna prueba. Esa declaración puede también embonar en una forma

de terrorismo, pues intenta incrementar el caos y la desconfianza, aprovechando la situación de emergencia en la cual estamos enfrascados. Por supuesto que pueden ser miembros activos de la delincuencia organizada, pero sí Jaime Bonilla sabía esto, debió y está obligado a interponer una denuncia penal contra ambos funcionarios.

Siendo tan dispersos como somos, y con el temor que andamos arrastrando, podemos con toda facilidad enfrascarnos en la discusión de esta desventurada, provocadora y oportunista acusación, desviando el tema central de qué debemos hacer, como bajacalifornianos, para contribuir contra las acciones de terrorismo que hemos sufrido. Es indudable que, si este tipo de conductas criminales se incrementan, las principales víctimas seremos los ciudadanos de a pie. La realidad es que los tres niveles de gobierno, las corporaciones policíacas, la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional, están obligadas a obtener información sobre las actividades delictivas de cualquier grupo organizado. Por consiguiente, no están a la altura de sus obligaciones y sus omisiones nos han llevado a la situación que hoy estamos padeciendo.

A esta situación de confusión, debemos agregar la posición del Presidente de la República, y de todos sus funcionarios, que con la estrategia fallida de otorgar abrazos contra los balazos, se refuerza el poder de la delincuencia. Los que nos levantamos todos los días a buscar el sustento familiar, ahora tendremos que enfrentar las potenciales agresiones que nos pudieran suceder, en la próxima ola de violencia que ocurra. Ya he manifestado la inseguridad que experimento, cuando me ubico en un ataque violento que sucediera en mi propio hogar -a lo que estamos expuestos todos- porque no tendría cómo defender a mi familia y mis bienes. En otros estados de la república, las familias prefieren abandonar sus hogares, en aras de proteger lo esencial que es la vida. Hasta estas vejatorias actitudes estamos llegando. No falta mucho para que las comencemos a experimentar en nuestras ciudades en Baja California. Si nuestros vecinos policías son nuestros enemigos, solo podemos esperar, de otros más bravos, la muerte. Vale.

*El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC