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Para resolver la inmovilidad urbana se requieren dos cosas…

Mientras en medio de la pandemia casi regresamos a los niveles de movilidad urbana previos al inicio de la contingencia, la cruda realidad de nuestros problemas de congestión vial se empieza a asomar por varios rincones de nuestro Estado.

Mientras en medio de la pandemia casi regresamos a los niveles de movilidad urbana previos al inicio de la contingencia, la cruda realidad de nuestros problemas de congestión vial se empieza a asomar por varios rincones de nuestro Estado. Baja California, se distingue a nivel nacional por tener, según el reporte nacional de movilidad, las metrópolis con más autos por habitante en nuestro país; Tijuana encabeza las aglomeraciones urbanas con más de un millón de habitantes con .33 autos per cápita mientras Mexicali lidera la lista de asentamientos con menos de un millón de habitantes con .41 autos por persona. Si tomamos en cuenta que estos números solo incluyen los vehículos registrados en el estado y sumamos la inmensa cantidad de vehículos “chocolate”, ANAPROMEX, ONAPPAFA, así como los registrados en otros estados o países, significa que cualquier día circulan sobre nuestras calles por lo menos un 40% más vehículos que los identificados en el estudio mencionado.

Esta excesiva dependencia en cumplir nuestra movilidad diaria con viajes muy distantes primordialmente de manera individual en automóvil privado, ha sido provocada por múltiples factores que, en conjunto, forman una historia que lleva décadas escribiéndose. Entre las principales razones de esta congestión vial, está el vertiginoso crecimiento de nuestras manchas urbanas utilizando un modelo de ciudad extendida con baja densidad muy al estilo de las del sur de California, pero sin la infraestructura de freeways de nuestros vecinos. Además, en algunas ciudades como Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, se suma la falta de movilidad colectiva de calidad provocada por un sistema de transporte público intencionalmente ineficiente y costoso que responde a las necesidades e intereses de los concesionarios, permisionarios, dirigentes y de políticos que deberían regularlo y hacerlo servir, sobre todo, a favor de los más vulnerables.

Al arrebatarle a los ayuntamientos el estado el transporte público y la creación del Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California (IMOS) es a mi parecer, el principio de una posible solución que, por ahora, se verá trunca por la duración de dos años del gobierno, además de que su nacimiento no fue idóneo al depender directamente del área política de gobierno cuando depender del área de desarrollo urbano, sería lo ideal para que sus labores respondieran primordialmente a las necesidades de movilidad de las ciudades y su población, y estuviera el instituto menos expuesto a la grilla y las presiones políticas de los grupos transportistas. Además, algunos ayuntamientos se han resistido a cumplir plenamente con la transferencia al estado de estas responsabilidades no permitiendo al IMOS iniciar plenamente con la reingeniería necesaria para al fin, empatar la oferta de transporte con la demanda real de viajes de los usuarios que sería la base de un nuevo y eficiente sistema enfocado a satisfacer las necesidades de las ciudades y no a los intereses políticos y económicos de grupos que han explotado durante décadas a los operadores mientras abusan de los usuarios y sus bolsillos.

Al final, y en la víspera de una nueva elección local, me encantaría que, con los gobiernos por venir, inicie una verdadera transformación de los sistemas de transporte publico de nuestro estado que beneficien a los usuarios y a los verdaderos transportistas e impulsen a los sectores productivos para que así, en lugar de ser un lastre, se conviertan en un factor transformador que nos brinde más bienestar, desarrollo y competitividad.

No será fácil lograrlo, peo me queda claro que se necesitarán dos cosas para lograrlo. Ustedes ya saben, cuales son.

* El autor es arquitecto tijuanense, pro ciudades compactas

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