Miedo judicial

La pandemia de Covid-19 ha puesto en aprietos a la justicia bajacaliforniana, que desde el pasado 17 de marzo se encuentra paralizada.

Desde hace varias semanas, cuando se vislumbró que la cacareada “Jornada de Sana Distancia” se iba a prolongar más de un mes, las agrupaciones de abogados empezaron a presionar para echar a andar al enorme aparato judicial a nivel local.

Los Tribunales y Juzgados Federales abrieron con diversas medidas preventivas, mientras que la justicia local, a cargo del magistrado Salvador Juan Ortiz Morales, quedó paralizada, sin saber qué hacer.

Luego se anunció que el 1 de junio próximo, es decir el lunes que viene, reiniciarán actividades los Juzgados Civiles, Familiares, el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y demás áreas.

Solo que en el personal del Poder Judicial del Estado, desde magistrados hasta el personal de intendencia, hay miedo, hay temor a contagiarse del virus y enfermar, y en caso extremo morir.

No es para menos, puesto que Mexicali se ha convertido en el epicentro de la pandemia en Baja California, donde los contagios están al por mayor, y mientras que en Tijuana han logrado frenar un poco los casos, temen que si no se aguanta un poco más la apertura de la justicia local, pueden dispararse de nuevo los casos.

Las autoridades locales han argumentado que habrá videoaudiencias, solo que se les ha olvidado que el obsoleto y arcaico equipo de cómputo que utilizan en el Poder Judicial del Estado no sirve para ese fin.

Otro punto que quizá no contempla el Consejo de la Judicatura a cargo de Ortiz Morales es que en la justicia familiar y civil hay muchas personas de escasos recursos que son parte en los procesos, muchos de ellos apoyados por la Defensoría de Oficio, sin acceso a sistemas de cómputo para ese tipo de audiencias. De esta manera, la justicia sería elitista, solo para quienes cuenten con recursos tecnológicos.

Edificios en Mexicali

En el caso específico de Mexicali hay otro punto que agranda el temor, y es el edificio de los Juzgados en el Centro Cívico, con laberínticos pasillos y un sótano sin ventilación, con muchas áreas comunes donde convergen abogados, público en general y personal del Poder Judicial, que representa un enorme coctel para los contagios.

Aunado a esto, el jefe de Informática del Poder Judicial del Estado está infectado con el virus, y el personal de esa área es de los que tienen acceso a todas las oficinas para arreglar los desperfectos del equipo de cómputo.

Hay personal que señala que reactivar el Poder Judicial, generaría el movimiento de innumerables oficinas públicas y privadas, que podrían darle un nuevo impulso a la ola de contagios tanto en Mexicali, como en Tijuana y en Ensenada.

Incluso han señalado que quizá quince días más de paralización de labores puede ser suficiente para disminuir el peligro.

Así que Ortiz Morales y los consejeros de la Judicatura Columba Imelda Amador Guillén, Sonia Mireya Beltrán Almada, Luis Javier Baleón Zambrano, Dora Iliana García Angulo, Francisco Javier Mercado Flores y César Holguín Angulo, tienen una enorme responsabilidad.

Por un lado los abogados y justiciables presionan para reactivar la justicia bajacaliforniana, pero por el otro tiene en sus manos la salud y la vida del personal jurisdiccional, administrativo y de servicios.

Es pues, una difícil decisión.