Menosprecio
Los ciudadanos no deberíamos estar esperando saber qué va a pasar con nuestras denuncias penales, porque es un trámite oficial que iniciamos cuando hemos sido víctimas de la delincuencia.
Por el derecho a la libertad de expresión
Los ciudadanos no deberíamos estar esperando saber qué va a pasar con nuestras denuncias penales, porque es un trámite oficial que iniciamos cuando hemos sido víctimas de la delincuencia. En otras palabras, la secuencia lógica después de haber ido ante las autoridades policíacas, encargadas de los asuntos que ponen en riesgo la vida de las víctimas, es que se inicie una investigación formal inmediátamente, y se tomen medidas precautorias. No obstante, este no fue el caso de una señora de 62 años, de la colonia Loma Alta, en Tecate, que fue atacado por un fulano con un desarmador. Este sujeto le propinó varias heridas de consideración en el cuerpo, entre ellas una en el cuello, sin darle ninguna oportunidad de defenderse.
De por sí, el hecho de ser mujer y formar parte de la tercera edad, le dio ventajas al atacante, quién aprovechándose del factor sorpresa, intentó asesinarla de manera salvaje. El sujeto fue detenido y presentado ante el juez Fidel García Villanueva, según lo afirma el sitio en la Web de Spider Shore. La noticia dice que el Juez García Villanueva dejó a este sujeto en libertad, porque no representaba peligro alguno. Esta actitud valemadrista del juez, ya es conocida, pues en Tijuana dejó en libertad al padrastro de un niño de dos años asesinado por él. (Periódico Digital Punto Norte, 22 de septiembre, del 2020).
La liviandad con la cual se conducen algunos jueces es sencillamente asombrosa. No muestran empatía por las víctimas ni en las peores condiciones del delito cometido. Nadie alega que se deje de respetar la presunción de inocencia, pero si los hechos son obvios y las heridas de la víctima no solo son visibles, sino que requirieron de la intervención de médicos y enfermeras, entonces hay datos irrefutables que exigen una actitud fuerte contra el victimario. Lo peor de esta increíble decisión, es que las heridas recibidas y la alevosía y ventaja del victimario, no fueron tomadas en cuenta, pero tampoco fueron valoradas. Simplemente, no entraron dentro del paquete de evidencias utilizado para liberar a un asesino, al que sólo le faltó dar la puñalada mortal.
La indignación de quienes hemos conocido este caso es enorme, pero, como no conocemos si existe un mecanismo oficial para enviar nuestra protesta, exigiendo se investigue hasta las últimas consecuencias, el corrupto juez seguirá cometiendo ilegalidades, sin sufrir ninguna consecuencia. La credulidad hacia la justicia y las autoridades judiciales, es evidentemente inexistente. Nadie cree en la probidad de los jueces y de la justicia, sabemos por experiencia propia que no existe. Las leyes son elásticas y se extienden hasta donde los dineros alcanzan. Si se hace una investigación minuciosa sobre los ingresos de los jueces, y en general, de todos los integrantes del poder judicial, se podría establecer sin duda alguna, que se han estado enriqueciendo suciamente, con los procesos que pueden desviar a beneficio de quienes les ofrecen dividendos amplios.
Las víctimas de las agresiones de la delincuencia común, de la organizada y de la burocracia delincuente, no solo sufrirán las agresiones en carne propia, sino se verán obligados a cubrir los gastos que se ocasionen, a buscar la atención médica necesaria, y por supuesto, pagar por los servicios profesionales que les ayuden a recuperarse anímicamente. El agresor, acostumbrado a cometer delitos, ya puede sentirse libre de todos los cargos, pues las investigaciones policíacas nunca se van a iniciar. Los policías alegarán la falta de gasolina o cualquier otro pretexto fútil, para seguir si hacer nada. La señora apuñalada vivirá con el temor de ser atacada nuevamente, pensando que el sujeto intentará terminar con su existencia, o en otro caso, la intimidará hasta que le dé la gana. Los delincuentes son los dueños del país y aquí solo sus chicharrones truenan. Vale.
*El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC
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