Marina y Jaime: Poder compartido

Con más rabia que pruebas, el senador y exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, acusó a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda de nexos con la delincuencia organizada. Con más silencio que prudencia, la gobernadora respondió a su antecesor. Con más institucionalidad que determinación, el presidente López Obrador evadió dar el manotazo firme para terminar con la evidente pugna política que encabezan dos distinguidos militantes de Morena.

Era de esperarse y muy seguramente “se pondrá peor” y no me gusta mencionarlo, pero aquí se los dijimos en nuestra pasada colaboración: “Los muertos que vois matáis, gozan de cabal salud”.

El presidente López Obrador no tenía de otra más que ofrecer públicamente, todo su apoyo a la gobernadora de Baja California, a la que llenó de elogios y reconocimientos. La llamó una persona buena, íntegra, con principios, que ha enfrentado muchas adversidades y ha actuado con aplomo y rectitud, de tal forma que “para que no haya duda” el presidente y el Gobierno de México la respaldan.

Pero, al fin y al cabo, como político medroso, tampoco cuestionó el proceder del hoy senador de la República al que refrendó su afecto y respeto, reconociéndole su calidad de precursor de Morena en Baja California. No hubo una crítica por su visceral comportamiento ni le exigió las pruebas de sus acusaciones, privilegiando la amistad y el compromiso, sobre la responsabilidad legal de un personaje que dice representar a los bajacalifornianos. Al pueblo bueno, dijo, no le interesan los pleitos de los políticos. Pero se equivoca, el pueblo sabe que esos pleitos afectan a la sociedad.

Independientemente de las formas que definitivamente no fueron las correctas, por más amigo personal que sea del presidente de la República, el senador Bonilla tiene ahora la obligación moral y política de demostrar sus acusaciones. El que acusa, tiene el peso de la prueba, dicen los abogados. Y hasta ahora es momento en que el exgobernador no presenta una sola prueba de que el gobierno de su sucesora esté involucrado con el narcotráfico.

Sospechas, por supuesto que existen. Como existieron en el bieno que encabezó y como los hubo en los sexenios anteriores de gobiernos priistas y panistas. Que tampoco se llame a inocente cuando tampoco ha podido demostrar, aunque ya no tiene obligación alguna, cómo le hizo para hacerse de un condominio de 4 millones de dólares ($80 millones) en pleno centro de San Diego, California. Con su sueldo como gobernador es imposible.

Que quede claro. No se trata de defender a Marina del Pilar, que para eso tiene a sus lacayos del Congreso del Estado, sus alcaldes afines, los gobernadores amigos y hasta el mismo presidente de la República. Pero Jaime Bonilla se equivocó de forma, momento y de lugar para su estruendosa acusación.

El lugar exacto, si es que tiene las pruebas, no es el estrado de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sino la fiscalía general de la República. Si tiene pruebas, Jaime Bonilla Valdez tiene la obligación como ciudadano y representante popular, de presentarlas ante las autoridades federales y si quiere, como mera atención, mostrarlas antes al presidente de la república.

Pero tiene que hacerlo, porque de otra manera, si solo se queda el escandaloso discurso que evidencia la abierta pugna entre lo que queda de su grupo político y el de quien hoy ostenta todo el poder, Bonilla seguirá quedando ante la opinión pública como un mentiroso, misógino, prepotente y arrogante senador de la república que solo busca, mediante el chantaje mediático, cuidarse las espaldas.

La visita presidencial no sirvió de mucho para atemperar el conflicto. La conferencia de prensa para dar los resultados en materia de seguridad, que más bien pareció un parte de guerra en la que todos dicen que van ganando, resultó larga, tediosa, repetitiva, reiterativa y de muy poco valor informativo. La ausencia del exgobernador y hoy senador de la república, sólo alimentó la especulación y el rostro adusto de la gobernadora que solo sonreía para las fotos al lado del presidente, lo confirmaron.

Y aunque López Obrador pide que no se confundan las cosas porque “esto no es de amiguismos, influyentismos ni nepotismos”, lo cierto es que no hubo acuerdo y ni siquiera tregua. Las ausencias, lo hemos dicho, a veces pesan mucho más que las presencias.

Mientras tanto, la sociedad bajacaliforniana seguirá atenta a lo que les ofrezca de entretenimiento gratuito la nueva saga de la narco serie política del momento, que ni el mismo Epigmenio Ibarra, propagandista oficial de la 4T, se hubiera atrevido a escribir. Una historia titulada “Poder compartido” en la que se asegura que, aunque es pura ficción, cualquier semejanza con alguna coincidencia, es la mera realidad.

*El autor es periodista con 45 años de experiencia, licenciado en periodismo, asesor en comunicación y marketing político, consultor de medios