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Columnas El arte de la guerra

Ley de Amnistía

“El antídoto siempre está a un lado del veneno”.

“El antídoto siempre está a un lado del veneno”.

La semana anterior, el Senado de la República aprobó la Ley de Amnistía, una promesa de campaña del Presidente López Obrador e incluida en la Estrategia Nacional de Seguridad presentada en  Abril 2019.

Contrario a lo que pensaba como una ley garantista para criminales, la ley parece creada con un gran contenido social.

En voz de la Secretaria de Gobernación, la ley “pretende subsanar la injusticia que origina la pobreza, marginación y exclusión social que han provocado que mujeres, jóvenes e indígenas, estén en prisión por delitos menores”.

Condicionados a que hayan sido procesados y dictado sentencia firme ante tribuales federales, los posibles beneficiarios de esta ley tendrán un plazo de cuatro meses para solicitar el perdón en los siguientes delitos:

-Por el delito de aborto cuando los involucrados lo hayan cometido con el consentimiento de la madre.

-Por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, cuando los incidentes se encuentren en situación de pobreza extrema y/o hayan sido inducidos y obligados por familiares o la delincuencia organizada.

-Por aquellos delitos cometidos por personas provenientes de pueblos indígenas que no hubieran tenido acceso a la protección del estado durante el proceso, incluyendo el no haber sido garantizados con un intérprete con conocimiento de su lengua y cultura.

-Por el delito de robo simple y sin violencia, siempre y cuando la sentencia no exceda cuatro años.

-Aquellas personas que hayan sido encarceladas debido a  actividades políticas (sedición), siempre y cuando no sea considerado terrorismo.

Para acceder a la amnistía, los candidatos deberán ser no reincidentes y que durante la comisión del delito no se haya herido, secuestrado o asesinado a una víctima, o hayan utilizado armas de fuego.

Resumiendo, la Ley de Amnistía parece ser la respuesta a un reclamo social y de justicia para personas vulnerables.

Sin embargo, más allá del reconocimiento, la misma no se enfoca en los fundamentos del fenómeno.

El 85% de los delitos a los que la ley hace referencia son de jurisdicción estatal, no federal, por lo que los beneficios son limitados.

Si bien la iniciativa exhorta a los estados para legislar al respecto, será decisión de cada estado la ejecución del mismo.

Adicionalmente, la propuesta no contempla un modelo de reinserción social para las personas liberadas, por lo que liberarlas no garantiza resultados favorables y pudiera generar reincidencias.

Igualmente, no existe un programa de fortalecimiento del sistema judicial, que es el que verdaderamente ha ocasionado las injusticias que esta ley trata de resolver. Faltas de salas de audiencia,  ministerios públicos y defensorías de oficio insuficientes y poco capacitadas, son el verdadero problema que seguramente seguirán incrementando estas injusticias.

Finalmente, esta iniciativa se contrapone a las reformas recientes que amplían el catálogo de delitos que requieren prisión preventiva, por lo que el número de encarcelados seguirá en aumento.

La ley de amnistía pareciera ser “un curita” para la necesidad de una estrategia integral de seguridad que parece cada día más lejana en este sexenio.

* El autor es presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.

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