Levanta a mano Bentley

Quien está de vuelta en la vida pública del Estado es la ex líder sindical, Victoria Bentley Duarte, quien la tarde del miércoles dio a conocer su intención de ser la candidata a la gubernatura por el Partido Redes Sociales Progresistas.

El recién fundado partido inició con su proceso de recepción de aspirantes, y la líder sindical buscará aparecer en las boletas de votación del próximo 6 de junio en la que se elegirán además de Gobernador, alcaldes y diputados.

Victoria Bentley también fue diputada local de la XXII legislatura, ganando en la boleta por el Partido Acción Nacional, pero posteriormente pasándose al partido Movimiento de Regeneración Nacional.

La ex líder sindical fue muy cercana a la administración del ex alcalde de Mexicali, Jaime Rafael Díaz Ochoa, principalmente con la oficial Mayor, Maribel Avilez.

Y Gina la baja

Quien dijo que no va fue la Senadora por Baja California, Gina Cruz Blackledge, quien señaló que se mantendrá en su cargo, por lo que no participará en el proceso interno de la alianza PAN-PRI-PRD para las candidaturas en el actual proceso electoral.

Cruz Blackledge era nombrada para ser la candidata a gobernadora por parte de la alianza y enfrentarse a Marina del Pilar, pero todo indica que deberán buscar otra opción.

Señaló que desde que participó en la contienda electoral de 2018, su objetivo era permanecer en el cargo del Senado los 6 años y su intención es cumplirlo.

Por lo pronto, las cartas de los diferentes partidos se empiezan a conocer, pero en el caso de la alianza del PAN, PRI y PRD, es hora que no se sabe qué mujer los abanderará.

'Kikismo' en PJE

Durante el último pleno del año pasado del Consejo de la Judicatura del Estado, donde firma como presidente el magistrado Alejandro Isaac Fragozo, los consejeros tomaron una polémica decisión: Designaron como Jefe de Auditoría del Poder Judicial del Estado a Ricardo Padilla Ibarra.

La designación no tendría nada de raro puesto que el Consejo de la Judicatura es el órgano encargado de realizar esos nombramientos.

Sólo que en esta ocasión hay un "pelo en el arroz": Padilla Ibarra es hijo de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) Perla del Socorro Ibarra Leyva, ex Procuradora General de Justicia del Estado en los tiempos del trístemente célebre ex gobernador panista Francisco "Kiko" Vega de Lamadrid.

Se debe recordar que la magistrada Ibarra Leyva es incondicional del ex mandatario, porque desde hace décadas forma parte de su equipo de confianza.

Por ello, comentan que llama la atención que ni Fragozo ni los otros consejeros se hayan dado cuenta que Padilla Ibarra tenía el impedimento legal establecido en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, donde se establece que "ningún nombramiento para empleado de la Administración de Justicia o auxiliar de ésta, podrá recaer en los casos a que se refiera el reglamento y en ascendientes, descendientes, cónyuges o colaterales dentro del cuarto grado por consanguinidad o segundo por afinidad de los Consejeros al Consejo de la Judicatura y magistrados del Tribunal, excepto en los casos de los servidores públicos que ya se encuentran laborando dentro del Poder Judicial con anterioridad a la designación del Consejero de la Judicatura".

De hecho, dicen los expertos que quienes en el Consejo de la Judicatura levantaron la mano para aprobar el nombramiento podrían haber incurrido en responsabilidad porque la ley señala que "La inobservancia de esta disposición es motivo de responsabilidad de quien o quienes aprueban la designación, procediéndose a la remoción inmediata respecto del servidor público indebidamente designado".

En el caso de Padilla Ibarra trascendió ayer que ya le dieron las gracias, pero habrá que ver si los consejeros se "auto sancionan" por haber designado a un personaje impedido por la ley.

Por cierto, es la segunda vez que Padilla Ibarra es sacado de un puesto en los últimos años, porque en el último año del (des) gobierno de "Kiko" Vega, éste le regaló la patente de Notario Público, pero ante las protestas del gremio y otros sectores tuvo que dar marcha atrás.

Mientras cientos de abogados a lo largo y ancho de Baja California se ganan la vida litigando, al hijo de la magistrada forzosamente lo quieren incluir en el presupuesto gubernamental.