La violencia contra los migrantes

Como nunca antes había sucedido en México, ahora estamos viendo casi todos los días terribles escenas de violencia contra los migrantes centroamericanos en la frontera Sur del país. Lo que antes se observaba en la frontera norte hoy lo vemos en la frontera sur: el empleo de la Guardia Nacional para contener o impedir que los centroamericanos se internen al país con destino a Estados Unidos.

Esta política de contención se inició con el gobierno de Donald Trump que se la impuso a Enrique Peña Nieto, y después al presidente Andrés Manuel López Obrador, haciendo que México cumpla un papel de “Estado tapón” al impedir que el flujo migratorio de centroamericanos alcance la frontera con Estados Unidos. Una forma de recorrer la frontera norteamericana hacia el Sur de México.

Sin embargo, la contención de migrantes que provienen principalmente del llamado “Triángulo del Norte’’ (El Salvador, Honduras y Guatemala), de Cuba, Nicaragua y más recientemente de Haití, se ha tornado violenta y violatoria de los derechos humanos de esta población. México ha tenido que desplegar casi 12 mil miembros de la Guardia Nacional y miles de agentes migratorios que también golpean y persiguen a estos migrantes.

Una tarea ingrata y contradictoria para el gobierno de López Obrador, quien al principio se mostró dispuesto a apoyarlos e incluso le ofreció visas de trabajo a gente que literalmente está huyendo de sus países. Pero, al mismo tiempo, también se comprometió ante Estados Unidos a contener el flujo migratorio.

De manera reciente, López Obrador ha justificado o explicado lo que está pasando en la frontera sur del país como un problema de seguridad, que busca proteger a los migrantes de la delincuencia organizada y de otros problemas que implica el tránsito por territorio nacional. Pero no dijo nada sobre el acuerdo que hay entre los dos países.

Trump amenazó a nuestro país de tomar represalias si el gobierno no paraba la migración en la frontera sur, sobre todo en algunos puntos de la política arancelaria. Ahora no parece ser el caso de Biden, aunque éste mantiene la misma política de detener a los migrantes centroamericanos en la frontera sur de México. El gobierno de López Obrador cree que puede ganar algunas cosas si hace este papel, especialmente en cuanto al T-Mec (Acuerdo Comercial entre México, EU y Canadá) y en otros temas.

¿Contener la migración centroamericana a cambio de obtener beneficios en otros rubros de la relación bilateral? No parece un buen acuerdo de parte de México. Sobre todo si se considera que aquí puede dejar su prestigio como un país protector de los migrantes, o como un país que promueve el respeto a los derechos humanos de los migrantes.

Tampoco es posible creer que Estados Unidos se vaya a comprometer con un proyecto más estructural para resolver de fondo las causas de la migración centroamericana, como de algún modo lo ha querido plantear López Obrador al decir que no se trata sólo de “contener” el flujo migratorio, sino de atender las causas.

Lo cierto es que el éxodo de centroamericanos que cruzan por la frontera sur mexicana para ir a Estados Unidos se va a ir convirtiendo, gradualmente, en un problema de seguridad nacional, en el que intervienen fuerzas militares, policías, agentes de migración, delincuentes y traficantes de tratas en un contexto cargado de violencia y violación sistemática de los derechos humanos.

Un terreno en el que abundan las teorías conspirativas, como las que sostiene, por ejemplo el padre Solalinde, quien afirma que detrás de estas migraciones masivas que entran por nuestra frontera sur con destino hacia el país del norte, son promovidas por intereses oscuros cuyo fines son desestabilizar al gobierno de López Obrador.

O aquellas otras que sostienen que es una migración promovida por la delincuencia trasnacional, por los traficantes de trata, o por otros más que en las aguas revueltas de estos flujos masivos alientan el abuso clandestino de trabajadores en territorio mexicano (principalmente mujeres), etcétera.

Un verdadero drama humano y social, que está ahí como una herida sangrante, producto de la violencia que impera en los países de Centroamérica, azotados por el hambre, la corrupción y la pobreza, pero también por otros factores como los cambios climáticos, el aumento de la delincuencia y la lucha desesperada por escapar de la explotación y la muerte.

México tiene derecho a impedir la entrada a los extranjeros que no cuenten con los documentos necesarios, pero, en este caso, no puede ignorar que, esté o no en sus planes, está contribuyendo a la violencia generalizada contra los flujos migratorios. Una contradicción para un gobierno que se dice “humanista”.

*El autor es analista político