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Columnas Ideas Verticales

La crisis de vivienda que no quieren ver

Nuestro estado históricamente ha sido una de las entidades del país que han experimentado un crecimiento económico relevante de manera medianamente sostenida.

Por Jorge Gutiérrez Topete

Nuestro estado históricamente ha sido una de las entidades del país que han experimentado un crecimiento económico relevante de manera medianamente sostenida. Durante las pasadas cuatro décadas, la creación de empleo formal e informal ha provocado una migración copiosa de familias que, en Baja California, han encontrado el empleo y las oportunidades económicas que otras regiones del país no han sido capaces de conseguir. Este crecimiento del mercado laboral ha colocado a nuestro Estado como uno de los tradicionales líderes en producción de vivienda en el país, a pesar de sólo contar con alrededor del 3% de la población de México.

En un reporte elaborado por mi amigo y colega el Arquitecto Fernando Zamora Rubio, que actualmente preside la sección Tijuana de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Tijuana, revela que según datos de INFONAVIT, hay alrededor de 152,859 trabajadores formales que no han ejercido su crédito de vivienda y que de acuerdo al plan nacional de vivienda se establece que el 30% de estos derechohabientes tiene interés de ejercer su crédito, por lo que por los menos 45,000 trabajadores demandan una vivienda en este momento; sumémosle otro tanto de trabajadores no formales o que no pertenecen a los institutos promotores de vivienda y esta demanda aumenta a cerca de 90,000. Así mismo, según datos del Registro Único de Vivienda (RUV) el inventario de vivienda nueva en Tijuana para 2020 ha caído un 38% en comparación al año anterior a pesar de que la demanda de vivienda por parte de los trabajadores formales sigue en aumento.

Ante éste déficit, es el rubro de vivienda para trabajadores, el que tiene la mayor demanda insatisfecha ante la falta de producción de vivienda nueva; en años recientes esta demanda había estado medianamente atendida por la vivienda social que en su momento fue abandonada por sus dueños originales y luego recuperada por el mismo INFONAVIT; pero desde hace casi dos años, este tipo de vivienda no ha sido puesta en el mercado, dejando a los trabajadores sin opciones viables, teniendo algunos que invadir terrenos o casas abandonadas para cubrir su necesidad inmediata de vivienda.

En Tijuana el problema de oferta ha sido multifactorial. Desde la quiebra de los grandes desarrolladores nacionales que tenían presencia en Tijuana o la escasez y alto precio de tierra apta para desarrollo de vivienda social, así como un desface normativo respecto a la política de desarrollo urbano y vivienda nacional, donde, corrigiendo los errores del pasado, la  nueva política federal busca privilegiar los desarrollos habitacionales intra urbanos, cercanos a las fuentes de trabajo, a los servicios, a los sistemas de transporte público de calidad, permitiendo mayores densidades en los predios, exigiendo usos mixtos en las edificaciones y eliminando requisitos como cajones de estacionamiento obligatorios. Las ciudades mexicanas necesitan arrebatarle la prioridad al automóvil privado y privilegiar al peatón, la bicicleta y el transporte público de calidad para dejar de aislar a los mas pobres en las periferias de la mancha urbana y tener barrios más incluyentes y amables con la gente que los habita.

En 2020 se nos presenta a los tijuanenses en general y a los sectores productivos involucrados en la tarea de hacer ciudad, la oportunidad de opinar sobre la actualización al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población (PDUCPT). Este importante documento dictará y condicionará el rumbo de este tema por los siguientes veinte años en nuestra ciudad. Con todo el respeto que merecen quienes lo han elaborado, percibo que este documento ha sido elaborado con prisa donde, por ejemplo, se hace referencia a la nueva agenda urbana y de vivienda nacional, pero en el fondo no las atiende cabalmente. Lo identifico también, como un ejercicio burocrático donde se incluyen nuevos conceptos administrativos y recaudatorios, que harán la tarea pendiente del sector inmobiliario más complicada, más tardada, más costosa y más incierta, inhibiendo a este clave sector aún más. Mi pronóstico es, que de prevalecer este documento como está, la escasez de vivienda terminará por agudizarse y será imposible proveer de vivienda suficiente a los trabajadores actuales y futuros, que son el motor de nuestra economía; este factor será un lastre permanente adicional, que condicionará negativamente el desarrollo económico potencial de la región.

Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo y darle el tiempo que merece a este importante programa.  Necesitamos hacer una pausa y convocar ampliamente a la participación. Entre todos, podemos crear un documento de vanguardia que no solo sea modelo nacional y nos permita atender correctamente los históricos rezagos, sino uno que garantice revertir la tendencia negativa de la industria y así convertir al sector inmobiliario en el motor impulsor de la transformación urbana, guiados por políticas públicas simples, justas y claras que permitan acercarnos a la prosperidad y calidad de vida que merecemos todos los tijuanenses por igual.

* El autor es arquitecto tijuanense, pro ciudades compactas.

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