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Columnas Mar de fondo

La ‘Ley Bonilla’

Hay una gran posibilidad de que ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice el caso de la llamada “Ley Bonilla”, decida por mayoría de votos o por unanimidad rechazarla, restableciendo el periodo de dos años para el gobierno del estado, como establecía originalmente la convocatoria a las elecciones de junio de 2019.

Hay una gran posibilidad de que ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice el caso de la llamada “Ley Bonilla”, decida por mayoría de votos o por unanimidad rechazarla, restableciendo el periodo de dos años para el gobierno del estado, como establecía originalmente la convocatoria a las elecciones de junio de 2019.

Un argumento de peso para esta afirmación son todas las decisiones que tomó antes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con respecto a dicha Ley, aduciendo su improcedencia y su inviabilidad. La Corte no puede ignorar los juicios y los argumentos que el Tribunal expuso en cada momento.

Sin embargo, asumiendo que el balance interno de la Corte ha cambiado en los últimos meses, con ministros afines al gobierno de López Obrador y sometidos a las presiones de algunos personajes de Morena que buscan que el periodo de gobierno de Jaime Bonilla sea de cinco años, también es posible esperar, aunque con pocas posibilidades, que la Corte avalara la “Ley Bonilla”.

En cada uno de los casos, los escenarios que podrían configurarse serían los siguientes. En el primero, es decir, que la Corte suprima la Ley Bonilla, significaría un golpe seco para el grupo gobernante de Morena en Baja California, en especial para aquellos que “idearon” o sugirieron que cambiar el periodo de gobierno era una cosa fácil, o era cuestión de buscarle un atajo y construir una argumentación legaloide para lograrlo.

En segundo lugar, tal decisión desataría inmediatamente una lucha interna al interior del grupo gobernante que ganó el gobierno bajo las siglas de Morena, para competir en la elección de 2021 por las candidaturas a gobernador y alcaldías principalmente. Es casi obvio que Morena se dividiría en este proceso, repitiendo los fenómenos que tantas veces se han visto en BC.

La decisión de la Corte también tendría repercusiones en el interior del grupo gobernante de Morena, provocando seguramente su desplazamiento y sustituyéndolos por otros cuadros de ese partido, pues es obvio que a partir de ese momento los bonos políticos de ese grupo caerán por los suelos, tanto a nivel local como nacional.

La caída de la Ley Bonilla también traería repercusiones a nivel electoral, afectando negativamente a Morena en las próximas elecciones, aunque quizás no a tal grado de perder todos los espacios de poder que tiene ahora, pero sí una buena parte de ellos.

Es decir, la decisión de la Corte en este escenario va a ser fundamental para el futuro político de Morena en BC y un enorme tropezón provocado por la ambición y la falta de escrúpulos de sus principales dirigentes locales y nacionales. Así hay que leerlo.

El segundo escenario, aunque es poco probable como decía antes, producto de las presiones que podría haber en los ministros de la Corte por algunas instancias del gobierno (entre ellas la secretaría de Gobernación) y de Morena, sentaría un mal precedente a nivel nacional y la Corte perdería toda credibilidad.

El mensaje que se enviaría a todos los actores y partidos políticos es que, si no te gusta un periodo determinado de gobierno, aunque ya se haya votado en las urnas, puedes con un poco de argucia y argumentos legaloides, modificar la Constitución local, como ha sucedido en el caso de Baja California.

En aras de una supuesta “soberanía estatal”, como alega el grupo gobernante de Morena, cualquier gobierno podría cambiar a contentillo los plazos de los gobiernos, sometiendo o sobornando a los diputados de otros partidos (como sucedió en BC con los panistas) y hacerse un traje a la medida que es, en pocas palabras, lo que significa la Ley Bonilla.

Por último, si en caso de que la Corte se pronunciara por esta opción, ratificando la Ley Bonilla, entonces Morena en BC e incluso a nivel nacional debería prepararse para tener un gobierno que acepta entre sus normas la violación de la legalidad. ¿Sería la nueva cultura política de los morenistas?

Lo más deseable, por lo tanto, es que la Corte restablezca la legalidad en BC, al margen de los costos políticos que pueda acarrear para todos aquellos involucrados. La decisión de la Corte es la única que puede enderezar el camino de Morena a nivel local y la única que puede conducir a una “limpia” para hacer de ese partido un ente apegado a la legalidad.

Por último, algo crucial en todo esto, es que la decisión de la Corte puede ayudar para que las bases de Morena sepan con mayor claridad que una cosa son sus grupos gobernantes, que dicen representarlas, y otra son todos esos grupos sociales que votan y esperan ciegamente todo de ellos.

* El autor es analista político.

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