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Columnas Agua Caliente

Justicia lenta

El que parece que empezó a interesarse en echar a andar la justicia en Baja California es el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Salvador Juan Ortiz Morales.

Por Agua Caliente

El que parece que empezó a interesarse en echar a andar la justicia en Baja California es el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Salvador Juan Ortiz Morales.

De momento el presidente del máximo tribunal en Baja California ya ha prometido que, ahora sí, el 1 de junio próximo volverán las actividades a los Juzgados en Baja California para dar servicio a los justiciables.

Aunque parece que  buscan cómo sacar hacer para sacar adelante el enorme rezago generado por la contingencia sanitaria, que paralizó las labores desde el 17 de marzo pasado y se prolongará hasta el 1 de junio.

Por lo pronto, Ortiz Morales sostuvo una reunión virtual con dirigentes de agrupaciones de abogados, para dialogar la manera en la que la justicia de Baja California salga adelante cuando reinicien las labores.

Ortiz estuvo en la reunión con los dirigentes de Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho, Coordinación Nacional de Abogados de México, Colegio de Mujeres Profesionales del Derecho de Ensenada, Barra de Abogados de Tecate “Lic. Rubén Armendáriz Rodríguez”, Colegio de Abogados de Playas de Rosarito, Barra de Abogadas “Lic. María Sandoval de Zarco”, Colegio de Abogados de Ensenada, Agrupación de Profesionales del Derecho “Lic. Ignacio L. Vallarta”.

Además, con el Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, Asociación de Egresados de la Facultad de Derecho de la UABC, Colegio de Abogados de Tecate, Colegio de Abogados de Tijuana, Colegio de Abogados “Ignacio Burgoa Orihuela”, Barra Estatal de Abogadas Líderes de BC, Colegio de Abogados Constitucionalistas, Unión de Mujeres Líderes del Derecho, Asociación de Abogados Litigantes de Tijuana y con el Delegado Estatal de CONCAAM jus SEMPER LOQUITUR.

Habrá que ver qué tantas ganas tienen de abatir el rezago, sobre todo porque debe tomarse en cuenta que si inician labores el 1 de junio, para mediados del mes de julio el Poder Judicial del Estado tiene su periodo vacacional de quince días hábiles.

Quién sabe si haya manera de que sacrifiquen las vacaciones para poder sacar los cerros de expedientes de los escritorios de los Juzgados y de las salas del TSJE.

Buitres

Donde deberían parar las antenas es en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), porque a raíz de la pandemia del Covid-19, en algunas de las funerarias de la entidad han sacado las garras para exprimir a los dolientes.

De hecho, hay una funeraria muy conocida a nivel nacional, con sucursales en Mexicali y Tijuana, donde, dicen algunas persona, no ha respetado los famosos "planes de previsión" en los casos de personas que fallecen por coronavirus.

Incluso, se aprovechan de la situación y del inmenso dolor para cobrar hasta 80 mil pesos a quienes por desgracia atraviesan por a pena de perder un familiar a causa del mortal e imparable virus.

Así que si en realidad la Profeco quiere hacer algo para aliviar la pena de las víctimas, los inspectores deberían echar la vuelta para checar a las funerarias que se han convertido en verdaderos buitres.

Los informales

Sin duda el combate del gobierno estatal a las organizaciones que fomentan la impunidad para que las personas puedan usar vehículos introducidos de contrabando al país ha generado "ruido", tanto por quienes apoyan la medida como a quienes les afecta.

En el caso de las "placas" irregulares, quienes se acogen a los programas de Anapromex, Onappafa, Condefa y otras, tienen el incentivo de tener que revalidar placas anualmente como quienes sí están legales.

De hecho, la autoridad siempre "encaja" la uña a quienes sí están en los padrones oficiales.

Por ejemplo, si la revalidación de placas cuesta mil 800 pesos y el propietario por alguna causa no pudo hacer el canje cuando le correspondía, tiene que pagar multas estatales, municipales, gastos de ejecución y otros impuestos, por lo que debe pagar casi 4 mil 500 pesos por el trámite.

Mientras tanto, quienes andan con sus "placas" chuecas, no son molestados ni con el pétalo de una multa municipal.

Así que hay buenos incentivos para quienes prefieren andan al margen de la ley.

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