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Jueces inconformes

La inconformidad de los Jueces de Primera Instancia del Fuero Común en la entidad sobre el haber de retiro que les corresponde por orden de los Tribunales Federales, ha sido empezada a ver como un buen negocio por parte de varios abogados.

La inconformidad de los Jueces de Primera Instancia del Fuero Común en la entidad sobre el haber de retiro que les corresponde por orden de los Tribunales Federales, ha sido empezada a ver como un buen negocio por parte de varios abogados.

Y es que como los jueces no están conformes por el haber de retiro legislado por el Congreso del Estado, donde les darán cuando se retiren el 50% de su sueldo durante dos años.

Por ese motivo hay quienes han decidido promover amparos contra el Congreso del Estado, al estar inconformes con esa cantidad, puesto que quieren algo similar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), quienes recibirán unos 60 mil pesos mensuales.

De hecho, se ha comentado que hay un abogado que les ofreció sus servicios a unos jueces para promover una controversia constitucional, con la seguridad de ganarlo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Claro que el mencionado abogado se fue un poco alto en lo que pretendía cobrar de honorarios: 3 millones de pesos. Así que los jueces mejor lo “batearon”.

Otros recurrieron a despachos ligados a algunos magistrados del TSJE para promover los amparos en contra del Congreso, con la esperanza de que los Tribunales Federales les concedan un haber de retiro más jugoso.

Sólo que resulta que esto llegó a oídos del pleno del TSJE, donde firma como presidente el magistrado Salvador Juan Ortiz Morales.

Y uno de los togados hizo una propuesta: Que el encargado del área jurídica del Poder Judicial del Estado promueva una controversia constitucional contra el Congreso del Estado relacionada con el haber de retiro de los jueces.

De esta manera será gratis, puesto que es personal del Poder Judicial del Estado quien llevará el caso.

Protección oficial

Un traje a la medida es el que pretenden diseñar los ediles de Rosarito, para que algunos funcionarios de primer nivel, puedan ostentar el cargo que les fue conferido al iniciar la administración de la alcaldesa Araceli Brown.

Tal es el caso de su amiga de la infancia, Lourdes Pequeño, que encabeza la recaudación municipal y es que de acuerdo al reglamento debe contar con estudios profesionales y además, haber trabajado en la administración pública, algo que por supuesto no cumple, ya que es su primer empleo en el gobierno y además su perfil laboral, no tiene nada que ver con la labor que ahora realiza, pues tiene estudios en el mundo de la moda.

De hecho, para no meterse en pleitos legales, quien firma documentos es el tesorero Manuel Zermeño.

Otro funcionario que tampoco cumple con el perfil ordenado, es el director de Servicios Médicos Municipales, Francisco Saúl Martínez Larios, quien tiene como profesión la de sicólogo clínico, cuando debería ser un médico cirujano.

Lo mismo pasa con Víctor Hugo Chávez Magaña, quien está al frente de la Dirección de Verificación, dependencia que debería ser comandada por un licenciado en Derecho, pero él tiene el oficio de soldador, que nada tiene que ver con la labor por la que ahora cobra un salario.

Para que no se agite el pantano, más de lo que ya está, se ha recurrido a la socorrida figura de “encargado del despacho”, pues de esta forma hacen como que no se violan los reglamentos, pero los regidores van a salvar el barco para “ajustar” los reglamentos internos de las dependencias en cuestión y que sin más sean ahora dirigidas por cualquiera, baste solo que tenga la vara alta con los mandamases, total los reglamentos se pueden acomodar a capricho, al fin que la humanización del gobierno de Rosarito, esperará para mejor ocasión.

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