Inconsistentes

Por el derecho a la libertad de expresión.

Una de las esperanzas que nos motivaron a los electores en las elecciones pasadas, para votar por los actuales gobernantes fue, sin duda alguna, que iban a promover demandas penales en contra de los corruptos. Sin embargo, la actitud adoptada ya que ocupan el poder ha sido, si bien no contraria al procedimiento, sí omisa. No se mira que inicien las investigaciones en los tres niveles de gobierno. Las excepciones de funcionarios actualmente bajo escrutinio en el país y fuera de él, no son suficientes. El hecho de que López Obrador diga que no está investigando a Enrique Peña Nieto y su camarilla, como deslindándose de ello, nos trae más que una precisión, una enorme frustración.   

En esas mismas coordenadas de la discusión política se encuentra el Gobernador Jaime Bonilla Valdez, quién se comprometió a demandar penalmente y meter a la cárcel a Kiko Vega de Lamadrid y nada ha hecho. Los presidentes municipales de los cinco municipios de Baja California tienen documentos de demandas ya realizadas, además de las observaciones de las auditorías hechas anualmente a los ex funcionarios, que revelan malos manejos, abusos de poder, enriquecimiento ilícito y otros delitos que ameritan investigaciones formales. No obstante, no parece haber ningún interés por hacer realidad las promesas hechas en la campaña, para combatir y eliminar la corrupción. Con esto, se nos manda un mensaje subliminal indicándonos desde ahora, que ellos mismos formarán parte de la corrupción.

Zulema Adams, además, ha mostrado una total incapacidad para iniciar los trabajos rutinarios en la ciudad. Pareciera que estuviera iniciando su administración y que no ha logrado establecer comunicación con la burocracia tecatense. Nunca habíamos tenido una administración municipal tan errática, floja, con total dejadez y sin mostrar interés por realizar las tareas más elementales. La basura colma a la ciudad, las calles están destruidas y no se tiene información sobre el plan de desarrollo urbano ni sobre la pavimentación de las vialidades. Con esto muestra que su incapacidad para liderar las actividades gubernamentales es en todos los órdenes.

Tiene en su poder, y el síndico procurador lo sabe, los documentos que prueban el enriquecimiento ilícito y los datos con los cuales se puede comprobar el peculado que, tanto Urbalejo Cinco como Romero González de Castilla cometieron en contra de nuestro municipio. En ese mismo sentido se pueden iniciar investigaciones para que se determine con precisión, el estado de cosas durante el trienio de Nereida Fuentes, quién debe contar con una fortuna inexplicable e ilícita.  En palabras más concisas, la demanda penal contra estos ex presidentes y quienes resulten responsables está al alcance de la mano. Solo hace falta la convicción y el sentido de responsabilidad para presentarla. La corrupción no se comenzará a combatir si las principales figuras gubernamentales no cumplen con sus obligaciones. Estos delitos solo van a poder ser perseguidos si quienes detentan el poder se comprometen a denunciarlos y les dan seguimiento en los tribunales. En los tres niveles de gobierno hay escaleras que comienzan arriba, en su nivel, y desde allí se debería iniciar la lucha contra la corrupción. Que López Obrador y Bonilla Valdez persigan a los suyos. Zulema debe ir tras los locales. Ser consistentes es un imperativo. Vale.       

* El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos 
Internacionales por la UABC.