Fuero ilegal

Por el derecho a la libertad de expresión

Una de las características negativas que tienen los tres niveles de gobierno, la opinión pública y la ciudadanía en general es que, durante un tiempo específico hacen análisis certeros de aspectos de nuestra sociedad, que se distinguen por el exceso de corrupción que contienen; desarrollan tesis y las envían a las legislaturas para su discusión; surgen grupos opositores y promotores de nuevas actitudes y, por último se crean proyectos legislativos tratando de que con ellos, se elaboren nuevas leyes que castiguen los delitos cometidos en las administraciones gubernamentales. En los últimos tiempos se han dado a conocer en todos los estados de la república, casos de malos manejos financieros que conforman delitos de peculado y otros, que son un escándalo primero, pero que después se apagan o se esconden con otros asuntos públicos.

En estos períodos la sociedad ha promovido demandas penales, juicios políticos, amparos y todo tipo de promociones legales, intentando que se investiguen los malos manejos del erario, se determine legalmente quienes han sido los funcionarios públicos que se han aprovechado de sus posiciones para enriquecerse, y se promuevan juicios penales que determinen sus responsabilidades. Estas actitudes ciudadanas de denunciar no han tenido una respuesta solidaria de las autoridades correspondientes, quienes en su lugar protegen a los delincuentes de cuello blanco. Como consecuencia, se decidió crear una ley que eliminara el fuero legal, con el cual se protegían los funcionarios electos y los nominados o designados. Con esto se intentaba frenar la corrupción y castigar a los corruptos, pero no ha sido así.

A pesar de la existencia de esta ley, los exfuncionarios andan libres, no se les sigue ningún juicio, disfrutan de lo que se robaron, se les premia con nuevos trabajos y los apoyan vigorósamente para que no sean ni investigados, ni castigados, ni se les quite lo que se adueñaron. El aparato ejecutivo, el legislativo y el judicial traicionan sus encomiendas y se desentienden de sus responsabilidades, abonando así por su propia seguridad cuando terminen sus administraciones. No te perseguí, no me persigas.

Esta desvergonzada actitud, le da forma a un instrumento al cual llamaremos el fuero ilegal. Que consiste en que los actuales funcionarios se hacen omisos, no escucha las demandas de la ciudadanía, no ven los expedientes de las denuncias formales, no atienden los tiempos legales de los trámites judiciales y apelan a la prescripción. ¿Cómo se arreglan los funcionarios actuales con los anteriores? ¿Tienen acuerdos tomados durante las campañas? ¿Es un asunto sobreentendido?

Cualquiera que sea la forma como se protege a los corruptos, es una ilegalidad en la cual los funcionarios que no persiguen a los denunciados se convierten en cómplices de hechos delictivos graves. Este sería el caso de la corrupta exalcaldesa tecatense, Nereida Fuentes, que no persiguió como diputada, al expresidente Javier Ignacio Urbalejo Cinco, enriquecido ilegalmente, ni al otro exalcalde, César Moreno González de Castilla, que tiene una demanda penal vigente. Vamos a ver cómo el presente gobierno municipal enfrenta estas denuncias. Los tiempos se pasan rápido y ni la Sindicatura ni el Presidente Municipal han dicho nada. No es que a uno le corresponda, ambos están obligados a defender el patrimonio municipal. Ambos hicieron las promesas de perseguir y proseguir con las denuncias. Ya veremos, dijo el ciego. Vale.

* El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.