Excesiva señalética

Quienes pusieron manos a la obra para reducir lo que consideran una “excesiva señalética” son los productores de vino del Valle de Guadalupe, quienes desde hace tiempo venían manifestando su inconformidad con tal situación en la llamada Ruta del Vino.

La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) destinó grandes sumas de dinero en los últimos años para la instalación de avisos carreteros con el objetivo de orientar a los turistas que visitan la zona. Sin embargo, los productores consideran que la excesiva cantidad de señalamientos va contra el respeto al paisaje, uno de los cuatro ejes que incluye el reglamento del Valle de Guadalupe que aún no ha sido aprobado.

El titular de la Dirección de Promoción Turística del Ayuntamiento (Proturismo), Amador Arteaga Sahagún, comentó que los empresarios de la Ruta del Vino consideran que se ha caído en un exceso de señalización, afectando así la imagen que desean proyectar.

El funcionario mencionó que la semana pasada se llevó a cabo una reunión con el secretario de Turismo del Estado (Secture), Óscar Escobedo Carignan, donde manifestó que era necesario convocar a una reunión para ver el tema de la señalética, sin embargo, no pensaron que los vitivinicultores se adelantarían a retirar los letreros tan pronto.

A la antigüita
La reciente liberación de tres presuntos ladrones de baterías de automóviles, al ser considerada su captura como ilegal por parte de un juez, ha causado controversia puesto que deja entrever los errores de los operadores del todavía conocido como Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), aunque en Mexicali ya tiene nueve años de aplicarse y en Tijuana otros tantos.

Llama la atención que los sospechosos detenidos la semana pasada en la colonia Nueva hayan sido puestos por la Policía a disposición del Ministerio Público como presuntos ladrones de baterías, solo por el hecho de tener en su poder tres acumuladores.

A los acusados se les pretendió establecer la flagrancia en el delito, porque supuestamente hay un video de días atrás donde aparecen robando una batería de auto en la zona.

Solo que aun con todo y video no se podía acreditar la flagrancia.

Otro dato es que la Policía Municipal, a cargo de Alejandro Monreal Noriega, los remitió por “portación de arma prohibida”, porque supuestamente llevaban fajadas armas punzocortantes.

Pero eso parecía más una táctica usada “a la antigüita”, cuando los agentes les “sembraban” a los sospechosos algún objeto para justificar la captura. Pero en el NSJP si no se acredita claramente el delito, el Juez de Control tiene la obligación de liberar al imputado.

Parece también que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a cargo de Cristian Colosio Lule, tenía prisa por deshacerse de los sospechosos y los envió al Juzgado, en lugar de tomar las declaraciones y liberarlos, para robustecer la investigación con denuncias de los robos de baterías y otras pruebas científicas, para luego solicitar una orden de aprehensión donde entonces sí, los pillos no tendrían ni para dónde hacerse.

Así que en este caso, según lo que cuentan los especialistas, la jueza de Control Patricia Moreno Galván liberó a los detenidos conforme a lo que establece la ley.