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Columnas Mar de fondo

El centralismo de AMLO

Lo que aparece en la superficie del conflicto entre los gobernadores y el presidente López Obrador es un problema de carácter económico y ligado al pacto fiscal.

Por Benedicto Ruíz Vargas

Lo que aparece en la superficie del conflicto entre los gobernadores y el presidente López Obrador es un problema de carácter económico y ligado al pacto fiscal, pero en el fondo es un asunto más bien de índole político, así como las consecuencias que podrían derivarse de este nuevo diferendo.

Está claro que hay protestas por parte de los gobernadores por el reparto de los recursos federales, un reparto que no corresponde (se dice) a las aportaciones que hacen los estados a la federación, pero lo que hay en realidad es un malestar hacia el gobierno de López Obrador, originado en el trato que éste último le ha dado a algunos gobernadores.

Primero, el hilo se rompió a partir de la pandemia por el coronavirus y la política de “semaforizar” los estados que adoptó el gobierno federal, estableciendo criterios y medidas con las que algunos gobernadores no coincidieron. Estos desacuerdos fueron de tal magnitud que, al final, cada estado ha seguido sus propias políticas frente a la pandemia, y el enfoque “nacional” se convirtió en apenas en una vaga referencia.

Los choques de varios gobernadores con el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, se hicieron constantes en cuanto a las medidas a seguir, haciendo errática y contradictorias las políticas nacionales y mostrando las diferencias entre lo que decía el presidente y el subsecretario alrededor del tema. Un verdadero lío.

Segundo, después del punto anterior vinieron los problemas relacionados con las políticas, o la ausencia de ellas, frente a la crisis económica provocada por el cierre de empresas y negocios producto de la pandemia y los meses de encierro. Aquí también el gobierno federal se mostró ausente y titubeante, para luego declarar que no habría ninguna política de “salvamento” en medio de la crisis más severa que haya padecido el país.

Es decir, el gobierno de López Obrador dejó solos a los estados y a muchas empresas que eran el sostén laboral de muchas familias. La falta de políticas era justamente la política del gobierno.

El tercer aspecto de este proceso es, justamente, de carácter político porque a lo largo de estos dos años de gobierno lo que se ha puesto de manifiesto es el afán centralista que ha regresado por sus fueros, como en los peores tiempos del poder presidencial. Con AMLO todo se define desde el centro y los estados aparecen, nuevamente, como simples apéndices, sin poder y sin facultades.

El enfoque no es gratuito o es simplemente un cambio que tenga que ver con el estilo personal de AMLO. No, responde a un intento de romper la fuerza de los gobernadores, donde todavía hay bastiones de la oposición y algunos partidos (adversarios) mantienen una trinchera fundamental.

Mientras esos gobernadores se mantengan o perduren, desde la óptica de López Obrador, será muy difícil que Morena llegue a gobernar plenamente, en especial en aquellos donde gobierna el PAN. Para que haya una plena hegemonía y un arraigo nacional de Morena, es imprescindible que el partido conquiste el poder en la mayoría de los estados.

Ante esta “hostilidad” del gobierno presidencial, algunos gobernadores ya formaron lo que han llamado la Alianza Federalista, en la que están 10 estados: Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato, Nuevo León, Coahuila, Durango y Chihuahua. Primero se salieron de la Conago y ahora más recientemente han llamado a salir del “pacto fiscal”.

Para minimizar el problema, el Presidente ha dicho que detrás de estos movimientos hay intereses electorales por los comicios que se avecinan. Otros han dicho que es ridículo e intrascendente lo que están haciendo estos mandatarios estatales y que el asunto no tiene ninguna importancia. Pero obviamente no es así.

El asunto no es tan simple, pues aunque en la superficie aparece como un problema fiscal, en realidad es un problema de distribución de poder, o de si un poder centralizado puede volver a dirigir y controlar a un país complejo y heterogéneo, o bien si puede volver un presidencialismo autoritario que anula y aplasta a las entidades.

El presidente, sin saberlo (o quizás sí) está golpeando con este conjunto de medidas un avispero en algunas entidades donde lo que prevalece, desde hace años, es un sentimiento “anti-centralista”, que ha resultado nefasto para los gobiernos estatales.

Lo que puede venir, entonces, no es la revuelta de los gobernadores sino un movimiento anti-centralista y contra AMLO. Ya lo veremos.

*El autor es analista político.

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