Despertando al tigre

Si el Gobierno del Estado apuesta a que la reacciones en contra del aumento a las tarifas del agua potable en Baja California, no vayan más allá de aspavientos y pataleos de unos cuantos representantes empresariales y dos o tres diputados de oposición, incluyendo partidos políticos contrarios al mayoritario, déjeme decirle que tienen razón. La indignación que ha generado una decisión autoritaria y aparentemente ilegal del Poder Ejecutivo, no avanzará y quedará en meros berrinches.

Las quejas ciudadanas, que seguramente llegarán con los primeros recibos de las comisiones estatales de servicios públicos, se dispersarán en comentarios en el transporte público, en espacios de denuncia, en las redes sociales, cafés y bares, pero de ahí no pasarán ni mucho menos trascenderán. Algunos usuarios pedirán prórrogas, harán convenios y otros gritarán y hasta amenazarán a los cajeros que los atiendan, pero de ahí no escalará.

Podemos asegurar entonces que los incrementos a los precios del consumo del servicio de agua potable y alcantarillado, no obstante ser un fuerte golpe al bolsillo de miles de hogares de familias bajacalifornianas, fue gestado y ejecutado como un mecanismo rápido, efectivo y opaco, para captar recursos y tratar de aliviar las debilitadas arcas estatales.

Con toda premeditación, alevosía y ventaja, un gobierno que se dice representar y cuidar los intereses del pueblo, pero que en los hechos actúa como todos quienes acceden al poder, asestó de manera traidora y cobarde la certera cuchillada a la economía familiar, mientras los entretenía con el “chucuchú” de un ridículo trenecito condenado a desaparecer antes de la próxima primavera.

Un gobierno que, como todos los que le antecedieron, le apuesta a la amnesia colectiva, a los acuerdos con empresarios, a las amenazas contra auténticos luchadores sociales o a la cooptación de los mismos y, sobre todo, al “agachismo” ciudadano. Le apuesta, y siempre gana, al servilismo de un Congreso del Estado que con la mayoría morenista y sus cómplices aliados, aprueban a ojos cerrados lo que les ordenen del Ejecutivo.

¿Dónde quedó el compromiso social de aquellos rabiosos críticos de los gobiernos anteriores, insensibles y corruptos, que ignoraban las necesidades y problemas de los bajacalifornianos? ¿Dónde quedaron las promesas reiteradas y repetitivas del discurso presidencial de ser distintos, de ser mejores, de no mentir, no robar y no traicionar? ¿A dónde se les fue la humildad, la sencillez y la empatía con sus representados?

Y si el presidente López nos receta aquello de que “no me vengan a mi con que la ley es la ley”, que tampoco nos vengan estos diputados de cuarta con que “primero los pobres” y que en ellos pensaron cuando aprobaron la iniciativa de Marina del Pilar Ávila Olmeda porque, tengan la certeza, que ni siquiera la leyeron, mucho menos visualizaron sus alcances. Sólo contabilizaron la conveniencia personal de quedar bien con la gobernadora y de que, en su tiempo y a su tiempo, sus servicios les sean recompensados.

Pero como golpe dado ni quien lo quite, insisto, los bajacalifornianos pagarán el “ajuste” y seguirán pagando los incrementos subsecuentes hasta que el hartazgo, como con los anteriores gobiernos, les llegue y salgan a manifestarse como lo hicieron en el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid. Así que, tenganlo en cuenta con el incremento que estén pensando para la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos 2023 del gobierno de Baja California. No despierten al tigre porque ni las becas ni los tarjetazos podrán detenerlo.

E igual, que lo tomen en cuenta los legisladores locales que anteponen el interés personal y político sobre los de la sociedad que dicen representar. Y para que los ciudadanos los recuerden y graben en sus memorias para no volverse a equivocar, van sus nombres: De Morena, Alejandra María Ang, Araceli Geraldo Núñez, Dunnia Monserrat Murillo López, Evelyn Sánchez Sánchez, Gloria Arcelia Miramontes, María del Rocío Adame, Juan Manuel Molina García (inicialista), Julia Andrea González, Liliana Michel Sánchez, Manuel Guerrero, Ramón Vázquez Valadez, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez. Del PT, Claudia Josefina Agatón y Julio César Vázquez, así como César Adrián González, del PVEM y Miguel Peña Chávez, del PES.

*El autor es periodista con 45 años de experiencia, licenciado en periodismo, asesor en comunicación y marketing político, consultor de medios