Defender el empleo formal en BC

Para el tercer trimestre de 2020, la población económicamente activa (PEA) de Baja California fue de 1,654,638 (STPS). Según datos del IMSS, el estado registra 933,958 empleos formales con un salario base promedio de cotización de $450.00 pesos. Para obtener un estimado del empleo informal, deducimos los empleos formales del total de PEA, dando una cifra de 720,680 personas. Por lo tanto, 44% de los bajacalifornianos labora en la informalidad, cifra inferior al 54.2% nacional.

El alto porcentaje de empleo formal fue un factor determinante para evitar el colapso de la economía de Baja California. Particularmente, esto se debe a la naturaleza propia de estos trabajos. Por ejemplo, el sector de la transformación registra 437,949 empleos y servicios a empresas 158,374. Es decir, más de la mitad de los empleos formales están vinculados de alguna manera al sector de manufactura/exportación cuyas operaciones no fueron tan afectadas por esta pandemia. Al asegurar condiciones sanitarias, la mayoría de las maquiladoras continuaron sus operaciones para cumplir con sus demandas comerciales.

La clase política querrá adjudicarse este mantenimiento del empleo, cuando en realidad se debe a factores que llevan décadas consolidándose. La economía de Baja California está insertada en la economía de Norteamérica. Por eso, el empleo formal es mucho más resiliente en comparación al sector informal estatal y al resto de la economía nacional. Mientras haya demanda por manufactura bajacaliforniana, hay (casi) garantía de empleos. Será tema en otra columna la tarea pendiente del mejoramiento de condiciones salariales y laborales en este sector.

En este orden de ideas, la obligación principal del gobierno es brindar condiciones de certeza y seguridad para propiciar mayores inversiones que deriven en empleos formales. Un empleo formal significa derecho a prestaciones laborales y acceso al sistema de seguridad social. Los informales están a la merced de la ley de la naturaleza donde su ingreso y derechos no están garantizados. El problema es que los gobiernos federal, estatal y municipal se han dedicado a espantar a las inversiones por decisiones absurdas como cancelar aeropuertos, hacer consultas fuera de ley e incrementar impuestos (impuesto sobre nómina y licencia sanitaria).

El blindaje contra afectaciones económicas de Baja California no es indestructible. Una serie de decisiones políticas puede dinamitar el trabajo de décadas, cosa que hacen los actuales gobiernos. Por eso, la prioridad actual es la defensa del empleo formal y lograr reducir el empleo informal. Si bien la informalidad da sustento a millones, hace gran daño a la vida institucional de México. No se recaudan impuestos, no se garantizan derechos laborales y no están debidamente reglamentados.

Por otro lado, diversos estudios académicos han demostrado que un aumento en la informalidad puede predecir un aumento en criminalidad. La inseguridad es un problema multifactorial. Una variable que puede atenderse con relativa facilidad es el combate a la informalidad. Reducción de informalidad puede derivar en reducción de inseguridad.

Por ahora, no escucho a ningún aspirante discutir el tema de la defensa y promoción del empleo formal para reducir la informalidad y reducir la criminalidad. No les interesa.

*El autor es abogado y estudiante de maestría en administración y políticas públicas.