Debacle

Hace tres años exactamente podría decirse que fue cuando en Baja California y a nivel nacional el PAN y el PRI firmaron su sentencia para casi desaparecer de la faz de la tierra y convertirse en una caricatura de lo que fueron.

Se debe recordar que en enero de 2017 el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto decidió dar un trancazo al bolsillo de los mexicanos, con un “megagasolinazo” que prendió la ira de la ciudadanía, que en algunas zonas, aprovechando la inconformidad, se lanzó a las calles a cometer saqueos.

No así en Baja California, donde el golpazo propinado por Peña Nieto provocó molestia generalizada y el día 12 de enero de ese año, miles de mexicalenses se dirigieron al Centro Cívico de Mexicali para protestar. Movilizaciones similares se presentaron en todo el estado por esos días, principalmente en Tijuana y Ensenada.

Aquella primera manifestación realmente ciudadana, sin partidos detrás de ella, tuvo entre sus organizadores a Leonardo Álvarez, Edgardo “Chito” Silva, Fernando Rosales Figueroa, entre otros.

Pero el enojo de los bajacalifornianos no era sólo por el trancazo del Gobierno Federal, sino también el golpazo impuesto por el entonces gobernador Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, quien junto con diputados de su partido, aprobaron la llamada “Ley del Agua”, así como el reemplacamiento vehicular obligatorio. Obvio es decir que los propietarios de automóviles iban a tener que pagar ese injustificable trámite.

Luego de primera protesta ciudadana llegó la del 15 de enero, donde salieron a las calles 69 mil cachanillas para protestar contra el “megagasolinazo”, la “Ley del Agua” y el reemplacamiento.

De hecho, en la revista Proceso la portada fue cabeceada así: “De Mexicali viene la rebelión ciudadana”.

Ante la magnitud de la protesta, que ya incluía el bloqueo a la planta de Pemex que desabasteció a la región, el gobierno de Vega de Lamadrid reculó en la “Ley del Agua” y en el reemplacamiento obligatorio, mientras que Peña Nieto se sostuvo en el aumento a la gasolina.

Y con esas decisiones tomadas en enero de 2017, se puede decir que tanto el PRI como el el PAN sellaron su destino para ser echados del gobierno federal en 2018 y del estatal en 2019.

Este 2020 llegaron diversos aumentos de impuestos, pero parecen no haber impactado en la ciudadanía. Así es que el que calla otorga.

Tribunal

Quien muy a su pesar tendrá que abandonar el cargo en el cual ha cobrado durante los últimos 24 años y medio, es el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Víctor Manuel Vázquez Fernández.

El togado es uno de los que asumió el cargo el 1 de noviembre de 1995, donde ha ocupado la presidencia del TSJE y del Consejo de la Judicatura del Estado.

Incluso, junto con otros togados que entraron al mismo tiempo, sortearon un juicio político en su contra, tiempo durante el cual fueron removidos del cargo, y al salir absueltos reinstalados con el pago de una millonada de pesos por salarios caídos.

Sólo que este año al tijuanense Vázquez Fernández sí le cantarán Las Golondrinas, puesto que cumplirá 70 años, edad máxima permitida para pertenecer al TSJE.

Así que el togado tendrá que decir adiós, porque ni siquiera por medio de amparos ante la Justicia Federal han conseguido quedarse otros ex magistrados, como Raúl González Arias y Félix Herrera Esquivel.

A ambos les dieron “palo” en los Tribunales Federales precisamente cuando salieron a los 70 años de edad y argumentaron la inconstitucionalidad de la medida.

Claro que la única jugada que le queda a Vázquez Fernández es que se aprobara una reforma constitucional enviada hace meses al legislativo, donde se propone que la edad límite para ser magistrado sea hasta los 75 años, aunque esto se ve difícil, si no es que imposible.

Líder social

Quien fuera integrante del Frente Cívico Mexicalense, Lorenzo Cortez Beltrán, falleció hace unos días, pero su deceso casi no se difundió.

Se debe recordar que Cortez Beltrán, aunque estaba jubilado, realizaba protestas por los aumentos a las tarifas eléctricas e, incluso, reconectaba el servicio de energía eléctrica directo del poste a quienes la Comisión Federal de Electricidad les suspendía el servicio.