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Columnas Educación

Ciudadanos en desventaja

Por mucho que se quiera ocultar, la desventaja entre un ciudadano común y corriente contra un funcionario público electo o designado, es mucha.

Por Roberto Vázquez

Por el derecho a la libertad de expresión

Por mucho que se quiera ocultar, la desventaja entre un ciudadano común y corriente contra un funcionario público electo o designado, es mucha. Las canonjías que se obtienen por el sólo hecho de trabajar para alguna oficina gubernamental o de ser un policía, exceden con amplitud las de la gente ordinaria. El remedo de justicia que sufrimos en México se balancea, siempre, en beneficio de los poderosos.  El tratamiento que le otorga el sistema judicial a las denuncias contra funcionarios públicos es absolutamente favorable a los deshonestos. Ejemplos que reafirman esto los tenemos en abundancia.

 Hasta la fecha, la balanza de la justicia se inclina hacia los poderosos económicamente y quienes adquirieron poder político en la administración pública. Las denuncias de retenes policíacos que se ubican en puntos específicos de las ciudades, de acuerdo con la Constitución Política, no solo están prohibidos, sino que violan el artículo 11 constitucional que permite el libre tránsito por el país. Todos los mexicanos tenemos el derecho de transitar sin que nadie nos lo impida, y a esto los agentes policíacos no le hace ningún caso.

 Si usted tiene la mala suerte de tener que acudir a la comandancia de la policía municipal o cualquier otra, se enfrentará con sujetos que, dentro de sus mismas instalaciones, violan flagrantemente cualquier ley o reglamento que se presente. Quiénes han sido nombrados jueces municipales por las nuevas administraciones, sin consultar o basarse en documentos, definen el destino de cualquier persona que tengan enfrente. Les pueden fijar una multa estratosférica o reducirla, si quien está presente les merece esa consideración. Nunca hacen una revisión de los sucesos que llevaron al ciudadano en cuestión ante su presencia, tampoco toman en cuenta sus alegatos, solo atienden los dichos del policía y sobre ellos deciden. Aplican una injusta justicia.

En el caso de los diputados locales, que se han mostrado sumamente gandallas, se aprovechan con un descaro que ofende, del poder de su voto para beneficiarse personalmente ante la mirada atónita de todo mundo. Tienen manga ancha para apoderarse de los dineros que se les otorgan por ley, sin usarlos en las partidas que deben hacerlo. Cuando terminan sus administraciones, comienzan a gastar a manos llenas el dinero que se han robado del erario. Lo mismo sucede con los ex presidentes municipales, que se convierten en nuevos millonarios y se pasean orondos de sus atracos. A estos dos tipos de funcionarios públicos, por oficio, se le deberían practicar auditorías personales, para que expliquen el enriquecimiento ilegal que ejercen. En Tecate tenemos los ejemplos de Juan Vargas Rodríguez, Joaquín Sandoval Millán, Javier Ignacio Urbalejo Cinco, César González de Castilla y de Nereida Fuentes que terminaron millonarios. Como vemos, el inconveniente de no haber tenido un cargo público, ser ladrón y millonario, es tener una vida sin problemas, pero con el estigma de corruptos que cargarán toda la vida. Claro que con esto se puede vivir si se cuenta con la coraza de la desvergüenza y ellos la tienen muy gruesa. La justicia no funcionará, pero la injusticia los protege y les da la calma social que no merecen. Nosotros, los mortales, debemos señalarlos con todo rigor siempre. Vale.                       

*El autor es Lic. En Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.

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