Argucias

Por el derecho a la libertad de expresión.

Dándole vuelo a la imaginación los diputadetes de la XXIII Legislatura del Estado, andan vueltos locos tratando de encontrar la artimaña con la cual le asegurarán cinco años a Bonilla. Para ello han utilizado los más ridículos argumentos que les aseguren tiempo, espacio y sabiduría para lograr su objetivo. Dijo Catalino Zavala que el Acta de la sesión donde aprobó la anterior legislatura la modificación constitucional al artículo 8vo, andaba perdida. Por consiguiente, no podía ser enviada al Gobernador para su publicación, con lo cual agregaron tiempo para encontrar el camino para tener contento al Gobernador Electo. Sin embargo, la joya de la corona se las dio la genial idea de hacer una consulta ciudadana para definir qué quiere el electorado. Se los digo, son unos genios los diputadetes.

Como si fuéramos unos estúpidos los bajacalifornianos, pretenden imponernos una consulta -para la cual no les alcanzarían los tiempos ni los recursos económicos- con la cual intentan invalidar los resultados obtenidos en las elecciones federales del 2018. En dicho proceso, el electorado motivado hasta las raíces por su conciencia ciudadana abarrotó las casillas para depositar su voto. Ninguna otra elección fue tan atendida. Bonilla acumuló más de 382 mil votos, con un triunfo indudable por lo que pregunto, si la mentada consulta es llevada a la práctica, a pesar de todo, ¿Con cuántos votos a favor darán por ganado el ejercicio? Porque, tomando en cuenta que ya no se contará con la motivación de López Obrador y de que Bonilla está acrecentando desprestigio por su falta de probidad y respeto a las decisiones de la población, la consulta promete ser un soberano fracaso.

 Pero lo que realmente me sorprende es que los diputadetes, con esta propuesta, están poniendo en duda nuestro voto depositado conscientemente. Debemos volver a las urnas para reafirmar nuestra histórica decisión, porque a Bonilla no le gustó lo que definimos. Es totalmente ridículo. Yo, por lo pronto, no acudiré a la consulta sacada de las mangas del chaleco, solo para darle gusto al señor. Es incómodo ver a los diputadetes tratando este asunto en lugar de iniciar los procesos de juicio político, que los ciudadanos hemos llevado al congreso, buscando iniciar la limpia de los abusos de los funcionarios públicos. 

  Me cuestiono, sin respuesta, ¿Hasta dónde piensan estirar las leyes los diputadetes morenistas y sus seguidores -para cambiar radicalmente la decisión tomada en comicios constitucionales regulares- con instrumentos cuya decisión no será vinculatoria? Por lo pronto la XXIII Legislatura Estatal de Baja California se inaugurará como la más corrupta y acomodaticia que tendremos. No da su primer paso exigiendo el respeto a las leyes o creando nuevas; no muestra  el músculo para iniciar fuertes políticas de enfrentamiento a la corrupción y contra los funcionarios con cuentas pendientes; no define que sus acciones serán basadas en los preceptos constitucionales del país y del estado; no se ha posicionado respecto al estado en bancarrota y fraccionado que reciben, dejando al aire la posibilidad de que amparen, como siempre sucede, a los que dejan el poder en condiciones deplorables llevándose las bolsas llenas de dinero. Estos diputadetes no le darán vuelta a la tortilla, conservarán el estado de cosas anterior. Vale.         * El autor es Lic. En Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC