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Columnas Educación

Alcaldesa

Por el derecho a la libertad de expresión.

Por Roberto Vázquez

Por el derecho a la libertad de expresión.

No estoy interesado particularmente en conocer a Zulema Adams, alcaldesa de Tecate, pero sí considero prudente hacerle llegar mi posicionamiento respecto a una serie de problemas añejos, que no han sido atendidos ni se han solucionado. Es frustrante ver que se les deja de lado como si no existieran, aunque golpean vigorosamente a nuestra ciudad. El objetivo del presente artículo es hacer un llamado de atención para que se aboque el nuevo Ayuntamiento a atender y desarrollar una estrategia que nos permita deshacernos de esos nudos.

El área de la seguridad pública y la Dirección de Policía y Tránsito Municipal, o como se le vaya a nombrar ahora, es un espacio donde el anarquismo impera. No hay gobernabilidad y, desde afuera, los ciudadanos nos damos cuenta de la existencia de poderes fácticos que controlan las actividades cotidianas. Cualquier director que llegue se enfrenta a la corrupción institucionalizada, y a grupos de poder enquistados que son difíciles de controlar. Como el flujo de dinero fácil es constante y, se infiere, de muy altas cantidades, su distribución genera fuertes alianzas que afectan el cumplimiento y respeto del reglamento y de las leyes constitucionales. Los jueces municipales que obtienen su posición como pago a su lealtad y al trabajo desarrollado en la campaña, no tienen experiencia en el área, ni conocen la dinámica interna. Por consiguiente, son presa fácil para los mañosos agentes de la policía municipal. El director de la policía y el secretario del Ayuntamiento sabrán aprovecharse de esos ingresos ilegales. Esta área debe ser atendida prioritariamente y sus actividades deben ser fiscalizadas. La corrupción es enorme y la desvergüenza e impunidad con la cual proceden es frustrante.

La administración de Javier Ignacio Urbalejo Cinco, en el XX Ayuntamiento, dejó a las finanzas municipales en muy malas condiciones. Hay acusaciones formales en el Congreso del Estado a las cuales no se les atendió, y una demanda penal que tampoco surtió ningún efecto. Mientras que el ex Presidente debió ser investigado por peculado y enriquecimiento inexplicable e ilícito, quienes fueron responsables de esto hicieron caso omiso y lo ampararon. En la misma tesitura se encuentra César Moreno González de Castilla, alcalde del XXI Ayuntamiento, sobre quien pesa una demanda penal. De la misma manera, el gobierno corrupto de Nereida Fuentes debe ser investigado hasta las últimas consecuencias para que compruebe la legalidad de su fortuna, y se le finquen responsabilidades por haber arropado bajo su falda a esos dos delincuentes.       

La información sobre estos asuntos la tienen a su disposición y solo debe ser revisada, ordenada y valorada en comisiones, para que se proceda legalmente. No es posible que la impunidad y la desvergüenza sigan imperando en nuestra ciudad. Los ciudadanos tenemos el derecho a que se nos contesten las preguntas que hemos hecho y que se nos respalde en nuestro intento por recuperar lo que nos pertenece. Urbalejo, Moreno y Fuentes tienen recursos financieros que no les pertenecen. Le toca al XXIII Ayuntamiento ser consistente con lo que manifestaron en la campaña. Ahora tienen las cuerdas en la mano y pueden guiar, asertivamente, las tareas que nos hagan recuperar la confianza en el gobierno. No tenemos expectativas Zulema Adams, exigimos soluciones efectivas y eficaces. Vale.

* El autor es Lic. en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.

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