El arte de la guerra

El Gobierno del Estado firmó con la empresa Seguritech, un contrato para la migración de los C4’s actuales en cada municipio a C5i’s, conocidos como centro de comando, control, computo, comunicaciones e inteligencia. El proyecto tiene un costo de $789.3 millones de pesos (mdp), pagaderos a partir de Octubre 2018 por los próximos 10 años a razón de $19.7 mdp trimestrales. Estos pagos trimestrales iniciaran antes del arranque y operación del proyecto. La inversión se distribuye de la siguiente manera: Sistema de video vigilancia urbana: $39.7 mdp que incluyen 200 cámaras, 50 postes y sistemas de grabación. Serán 50 puntos de video vigilancia con 4 cámaras cada uno. El costo promedio por punto de vigilancia es de $800 mil pesos. 9 arcos carreteros de reconocimiento de placas: $58.7 mdp equivalentes a $6.5 mdp por arco. Sistema de video analítico: $5.5 mdp. Red de transporte de datos: $238.2 mdp equivalente a 75 kms de fibra óptica a razón de $3,176 por km. Sistema de restablecimiento remoto: $5.8 mdp. Sistema administrador de video: $45.2 mdp. 5,300 botones de enlace ciudadano alámbricos e inalámbricos domiciliarios: $58.5 mdp equivalente a $11 mil pesos por botón. Adecuaciones a centros de control y mando: $8.2 mdp Mantenimiento preventivo y actualización tecnológica: $327 mdp. Capacitación y transferencia de conocimientos: $1.9 mdp De los $789 mdp, 71% se van a mantenimiento preventivo y fibra óptica, y solo el 29% a equipo de seguridad. La distribución del equipo estará en las siguientes ciudades: Mexicali: 60 cámaras (15 postes); 2,550 botones de pánico; 3 arcos; 26 kms de fibra óptica Tijuana: 80 cámaras (20 postes); 1,730 botones de pánico; 3 arcos; 49 kms de fibra óptica Ensenada: 32 cámaras (8 postes); 800 botones de pánico; 1 arco. Tecate: 16 cámaras (4 postes); 135 botones de pánico; 1 arco. Rosarito: 12 cámaras (3 postes); 135 botones de pánico; 1 arco. Si bien el proyecto del C5i inició hace tres años, y había sido adjudicado de forma directa a Seguritech, el mismo fue cancelado debido a que ley de disciplina financiera publicada cancelaba los contratos de asociación público privada (APP) como era el caso del contrato anterior. Cuando visitamos Guanajuato en Mayo 2017, el contrato anterior aún estaba vigente. Cuando el mismo fue cancelado, solicitamos la suspensión del proyecto hasta que se hiciera un proyecto de diagnóstico policial que nos proporcionara más y mejores policías acompañados de sus respectivos equipos, protocolos de actuación y desempeño. Mencionamos que solo así un C5i podría funcionar. En la glosa del informe de gobierno del año anterior, a pregunta expresa de un diputado, el secretario de seguridad pública estatal anterior expresó no haber sido consultado en el proyecto. A las dos semanas salió de la corporación. En relación al proyecto de licitación y en los lineamientos emitidos por el Congreso (decreto 153) al mismo, el artículo 93 de la Ley de Seguridad Pública Estatal define al Consejo y los Comités Ciudadanos de Seguridad Publica como los organismos de consulta, análisis y opinión en materia de seguridad, no fuimos invitados. La representación ciudadana se limitó a dos representantes de organismos empresariales de Mexicali. Igualmente, solo un representante de los responsables de seguridad de cada municipio participó, siendo omitidos los otros cuatro. Finalmente, al ser una sola empresa la que logró licitar no existieron comparables en materia financiera que avalaran el verdadero valor de mercado del proyecto. * El autor es Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Publica del Estado.