El arte de la guerra

“El árbol de las leyes ha de podarse continuamente” Anatole France Corrupción e inseguridad son los dos principales problemas que tenemos en Mexico como consecuencia de la impunidad que padecemos ante un débil Estado de Derecho. Si lo analizamos en un esquema riesgo-beneficio, la probabilidad de un delincuente de terminar en la cárcel es menor al 2%, por lo que delinquir es fácil y redituable. Consecuentemente, el fortalecimiento del Estado de Derecho debe ser la prioridad previa a combatir nuestros verdaderos problemas: educación, pobreza, desarrollo social y económico. El problema no son falta de leyes, sino su aplicación endeble sujeta a caprichos políticos, ineficacia y corrupción. La solución es un Fiscal General, que contrario al Procurador General de la Republica del sistema actual, sea totalmente independiente y autónomo. Modificado en Febrero de 2014, el artículo 102 de la Constitución contiene las bases para el reemplazo del Procurador General actual para convertirlo en Fiscalía General. Desafortunadamente, la modificación no incluyó los fundamentos necesarios para la verdadera transformación de la Fiscalía. En el decreto modificador, el Presidente tiene todavía fuertes poderes para designar y remover al nuevo Fiscal si el Senado no logra la mayoría calificada para hacerlo, por lo que con un Senado afín ambas acciones quedan todavía bajo control del Presidente. Prácticamente, el perfil del nuevo Fiscal es el mismo que el del actual Procurador, por lo que no garantiza su independencia política, ni trayectoria como jurista. De igual manera, concentra excesivas facultades en el Fiscal General en la designación y remoción del Fiscal de delitos electorales (FEPADE) y del Anticorrupción, así como falta de contrapesos en el órgano interno de gobierno. El nuevo Fiscal General duraría 9 años en el cargo, cuando desde 2017 los procuradores han durado un promedio de 2.5 años en el mismo. En ese contexto, más de 300 organizaciones de la sociedad civil y cientos de ciudadanos del país han conformado los colectivos #Reforma 102, con el objetivo de otorgar a la Fiscalía General las facultades necesarias para responder a las exigencias de justicia. En esta propuesta, el Fiscal General sería nombrado hasta 2021, donde una comisión de 9 ciudadanos nombrada por el Senado, haría las evaluaciones técnicas de los aspirantes y enviarían por lo menos 6 al Senado de la Republica para su posterior evaluación. Una vez completado su análisis, y con la aprobación de 2/3 de sus partes, el Senado los enviaría al Presidente de la Republica mismo que les regresaría una terna para la decisión final. De aquí al 2021, se propone un Procurador de transición por tres años, nombrado bajo las reglas actuales, mismo que generaría las leyes secundarias necesarias para completar la transición, que incluirían no solo el proceso para nombrar Fiscal General, sino para el nombramiento por parte del Senado de los fiscales para delitos electorales, anticorrupción, de derechos humanos, y asuntos internos. Para lograr esto, se requiere presentar ante el Congreso una iniciativa ciudadana con cuando menos 117,000 firmas, equivalente al 0.13% del padrón electoral… incluyéndola la tuya. Entra a la página www.reforma102.mx para saber cómo firmar. Si quieres verdaderamente terminar con la impunidad y corrupción que existe en nuestro país, únete a este movimiento. * El autor es Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Publica del Estado.