El arte de la guerra

“Más vale tarde que nunca” Refrán popular Baja California es uno de los estados de la Republica con mayor nivel de impunidad. Ser delincuente en nuestro Estado es sumamente redituable y con riesgo muy bajo. Las causantes son varias: bajo nivel de denuncia ciudadana, baja capacidad de ministerios públicos para integrar investigaciones, baja preparación de policía y ministerios públicos en la aplicación del nuevo sistema de justicia penal, y un Código Penal sumamente laxo en la aplicación de sentencias. El Código Penal es el conjunto de normas que se utilizan para dictar penas corporales (cárcel) por un delito, y se aplica en casos donde la gravedad del delito y el daño causado no puedan ser castigados por vía menor (una multa). Aplicarlo decreta sentencia judicial que implica la privación de la libertad si la persona se determina culpable. En México existen el Código Federal que regula las penas a delitos federales como narcotráfico, lavado de dinero y portación de armas, y los códigos penales de cada Estado que castiga delitos del fuero común como el robo, homicidio y secuestro, donde cada Estado tiene diferentes clasificaciones y penas. Un ejemplo de la laxitud del Código de BC, es el caso de robo de vehículo que determina de 1 a 3 años de sentencia, donde debido a que la pena es menor a 5 años el imputado recibe libertad condicional. Si combinamos estos “beneficios” con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, entendemos la “fábrica” de delincuentes reciclados y alta impunidad que tenemos, así como la apatía a denunciar por parte de la ciudadanía. Con el trabajo conjunto de Ejecutivo, Congreso, Consejos Ciudadanos y sector empresarial, el 17 de Mayo el Congreso del Estado promulgó un paquete de reformas donde se modifican 47 artículos del Código Penal del Estado, con el fin de incrementar las penalidades a algunos de los delitos más representativos que nos aquejan. Estas modificaciones tocan áreas coyunturales en la administración de justicia, como son la reparación del daño a las víctimas, sustitución, prescripción e incremento de las penas tanto a homicidios como robos y delitos de corrupción. A continuación resalto las que mayormente inciden en materia de seguridad: * Homicidio calificado se incrementa de 30 a 60 años de prisión (antes de 20 a 50). * Feminicidio de 30 a 50 años (antes de 20 a 50). * Robo de vehículo con violencia se va de 3 a 6 años (antes de 1 a 3). * Fortaleciendo las penas en las categorías anteriores, se incrementa la pena por asociación delictuosa de entre 6 a 15 años de prisión (antes de 2 a 8), con la agravante que se incrementará hasta el doble cuando el delito sea cometido por un servidor público. La esencia de estas reformas es evitar que personas que cometan estos delitos no obtengan libertad condicional como venía sucediendo. Por parte de la federación, es de suma importancia los legisladores modifiquen el Código Federal para ampliar la prisión preventiva a delitos de alto impacto como son la portación de armas de fuego. Se cierra una pieza más del engranaje en materia de justicia, es de suma importancia los gobiernos sigan trabajando en el tema. * El autor es Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Publica del Estado.