El arte de la guerra

“El poder legislativo es aquel que tiene el derecho a determinar cómo habrá de ser empleada la fuerza del Estado” John Locke La inseguridad parece ser la principal preocupación de la sociedad en general. El problema tiene muchas aristas, donde los engranajes de la solución parecieran no embonar, dando como resultado acusaciones mutuas entre los órdenes y poderes de gobierno. Tomo como ejemplo el reciente hecho ocurrido en Tijuana, donde en labor conjunta de policía municipal y SEDENA en varios operativos, lograron incautar un arsenal y la detención de doce delincuentes, algunos de ellos con órdenes de aprensión previas por otros delitos. En la presentación de los delincuentes se validó la legalidad de la detención y los fundamentos del ministerio público. Sin embargo, el juez no concedió la prisión preventiva y los delincuentes fueron liberados. Tres de los doce fueron posteriormente detenidos a instancia de la procuraduría estatal. Sin embargo, existen nueve delincuentes liberados que seguirán delinquiendo y asesinando. Independiente de las ineficiencias y rezagos en que la autoridades municipales y estatales han incurrido en materia policiaca y de procuración de justicia, mismas que hemos mencionado en columnas anteriores, pareciera que el sistema de justicia federal estuviera “haciendo agua” por todos lados. En este contexto, es verdaderamente sorprendente e indignante la falta de responsabilidad en que nuestros legisladores federales, llámenseles senadores o diputados, han incurrido al no aprobar o modificar los siguientes pendientes en materia legislativa. No tenemos un Procurador General de la Republica. El encargado de despacho actual pareciera estar más al servicio de intereses políticos que de una verdadera impartición de justicia. En el mismo tema, la legislación actual para el nombramiento del Fiscal General de la Nación, que reemplazaría al del Procurador de la Republica, contiene serias deficiencias que no garantizan la autonomía e independencia del mismo, algo muy preocupante en el entendiendo que el nombramiento del próximo Fiscal será por un periodo de nueve años. También pendiente esta la aprobación de la Ley de Mando Mixto o Mando Único Policial, necesaria para el fortalecimiento y capacitación de todas las policías del país, donde se establecen los lineamientos que plantean la homologación de normas y procedimientos para el reclutamiento, ingreso, formación, capacitación, remuneración, prestaciones y servicio profesional de carrera. Esta ley también prevé la intervención de las fuerzas federales en estados y municipios que sean infiltrados por el crimen organizado, y faculta a los gobernadores a asumir temporalmente el mando policial cuando sus municipios así lo requieran. Finalmente, y bajo el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal, está pendiente la modificación al Código de Procedimientos Penales para ampliar la prisión preventiva oficiosa a delitos como la portación de armas de uso exclusivo del ejército y el robo de hidrocarburos, así como la modificación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos para aumentar las penas por acopio de armas. Aun entendiendo que la responsabilidad de la seguridad parte de municipios y estado, es de vital importancia se hagan las reformar de ley para evitar incidentes como el descrito en este artículo, donde el garantismo de los jueces genera serias dudas sobre su actuar y coadyuvancia ante los males del país. En este tenor, estos son sin duda los pendientes de los legisladores federales, sean los actuales o los que están pidiendo nuestro voto. * El autor es Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.