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"Por el derecho a la libertad de expresión" Los feminicidios y los infanticidios son crímenes que se cometen con tanta crueldad, tanta sevicia, que se percibe el momento del asesinato como una ceremonia perversa en la cual el victimario goza infligiendo dolor y tormento a sus víctimas. La fuerza con la que son agredidos, así como las lesiones que les provocan, van señalando cómo poco a poco la violencia va escalando y la conclusión tiene que ser la muerte. En ambos casos resulta evidente que quienes tuvieron la mala suerte de caer en manos de estos sanguinarios, fueron primeramente inmovilizados por el pánico provocado por la incapacidad de responder a los golpes de manera efectiva. Después, el sujeto agresor cierra este episodio fatal, amordazando, atando manos, pies y vendando los ojos. Con este trágico escenario se puede dar el lujo de pensar dónde, cómo y cuándo golpear para causar más dolor. El impacto de este tipo de asesinatos es enorme y llega hasta los cimientos de nuestra sociedad. Las familias incrementan la sensación de inseguridad y viven estresados sin saber cómo lidiar con estas fatalidades. Nuestra sociedad no tiene formas efectivas de atender a quienes han sufrido este tipo de crímenes. Cada quién busca la manera de enfrentar las consecuencias de estas fatalidades, al interior de sus hogares pues el Estado no tiene ni crea políticas públicas para atender estos crímenes. La dejadez y el valemadrismo de los tres niveles de gobierno hacia las familias sufriendo feminicidios e infanticidios, incrementan la crueldad pues en lugar de reforzar la esencia de la familia –definida como el amor, la solidaridad y la protección de sus miembros– fomenta la atomización y el sálvese quien pueda. Si a esto le agregamos la incapacidad notoria para investigar estos casos, la tardanza para iniciar la búsqueda de las víctimas y sus verdugos, y las implicaciones que en estos casos tiene el nuevo sistema de justicia, el impacto negativo se multiplica exponencialmente. Quienes agreden a las mujeres ejercen lo que les toca de impunidad. Saben con certeza que nada les va a pasar, pues tienen años agrediéndolas constantemente sin ninguna consecuencia. Ante la fuerza y violencia, los niños y las mujeres no tienen una respuesta efectiva y sufren las agresiones, antes de poder denunciarlas. En estos casos las autoridades judiciales deberían tener una actitud recia, que permitiera pararlas definitivamente. Sin embargo, no existe ya no solo mano dura contra los cobardes agresores, sino que no pasa nada. No hay una respuesta no solo efectiva, sino que no se responde de ninguna manera. Miles de mujeres piden auxilio y reciben omisiones. Miles de casos han terminado en asesinatos, después de haberse hecho denuncia tras denuncia. No es que sean flojos o irresponsables los funcionarios encargados de proteger a la ciudadanía, especialmente a las mujeres y a los niños. No les importan. Por consiguiente, la tendencia hacia el crecimiento de estos delitos seguirá en aumento y sin control alguno. No hay esperanza de que mejoren las condiciones sociales de seguridad. Además, nunca las han tenido. México es un país de golpeadores de mujeres y niños. Vale. * El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.

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