Eduardo Ruiz-Healy

La consulta organizada por MORENA y realizada la semana pasada fue, a fin de cuentas, un asunto entre dicho partido y los mexicanos que quisieron participar en ella. El caudillo de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, decidió darle un carácter vinculatorio, y como presidente de la República acatará lo que haya dicho la mayoría de quienes votaron en un sentido u otro en torno a la localización del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Como el próximo titular del Poder Ejecutivo Federal tiene todo el derecho a acatar, si así lo desea, la opinión mayoritaria.

La consulta no fue ilegal por la simple y sencilla razón de que no hay ley que prohíba que una organización o un particular realice una consulta dizque popular.

Un caso similar podrían ser las denominadas elecciones primarias que algunos partidos han llevado a cabo para elegir a sus candidatos a cargos de elección popular. Las han realizado para que en ellas participen solo sus militantes o, a veces, cualquier persona que haya querido votar por un precandidato u otro.

La consulta morenista, por ser una actividad partidista, no estuvo regida por la Ley Federal de Consulta Popular que entró en vigor a partir del 15 de marzo de 2014 (ley reglamentaria de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

Ahora bien, el supuesto ejercicio democrático que López Obrador y su partido decidieron llevar a cabo la semana pasada marca un peligroso precedente porque al permitir que ciertos asuntos importantes los decida el pueblo bueno y sabio, sin apegarse a lo que la ley señala en materia de consultas populares, puede ser el pretexto o justificación para la comisión de actos autoritarios y, tal vez, ilegales.

En un ejemplo simplista, supongamos que el próximo gobierno decidiera, para ganar adeptos entre los grupos más conservadores, restringir sus derechos humanos a las personas no heterosexuales. Para justificarse y decir que es un tema que la mayoría de los mexicanos desea, MORENA podría organizar una consulta como la que acaba de llevar a cabo. Si la votación mayoritaria estuviera a favor de restringir sus derechos a millones de gays, lesbianas, bisexuales y personas no heterosexuales, los legisladores morenistas, tanto federales como locales, podrían modificar la Constitución y diversas leyes alegando que solo están obedeciendo al pueblo bueno y sabio.

Las dizque consultas populares podrían realizarse para limitar la libertad de expresión que se ejerce en los medios tradicionales de comunicación y en las redes sociales (¿qué mejor manera de silenciar a alguien si la mayoría no desea escucharlo o leerlo?), la libertad de manifestación (después de todo, ¿a quién le gusta que le bloqueen sus calles?), la libertad para realizar un negocio determinado (y más si ese negocio es visto como un competidor de alguna empresa establecida e influyente).

¡Son innumerables las acciones autoritarias e ilegales que pueden justificarse si por medio de consultas populares el pueblo bueno y sabio lo ordena!

La democracia participativa tiene sus límites y nuestra Constitución los establece, lástima que no prohíba expresamente que partidos y otras organizaciones realicen cierto tipo de consultas.

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* El autor es periodista de radio y televisión.