Diálogo empresarial

La entrada en funciones de la nueva Legislatura y el relevo en el Poder Ejecutivo, nos hacen pensar en un obligado replanteamiento en la estrategia de combate al crimen organizado. Millones de mexicanos están esperanzados en que el cambio político votado el 1 de julio pueda verse reflejado en una mayor seguridad para sus familias, pero la realidad es que si los nuevos legisladores no concretan de manera urgente una serie de reformas en materia de justicia penal, difícilmente se conseguirán resultados halagadores. La estrategia de seguridad es un tema complejo que tiene muchas aristas y en donde todos los sectores sociales tenemos tarea por hacer, empezando por lo preventivo, que es fundamental. Sin embargo, uno de los asuntos que no pueden esperar más tiempo es el relativo a la legislación en materia de portación y uso de armas de fuego. Una de las máximas prioridades de la nueva Legislatura, debe ser volver a clasificar la portación de armas dentro del catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa. Para ello es preciso reformar el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; reformar el tercer párrafo y concretar la adición de un sexto párrafo al artículo 167 Código Nacional de Procedimientos Penales y también concretar adiciones al artículo 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Lo que la ley debe garantizar es que aquel sujeto que sea detenido en posesión de un arma, se le consigne de oficio a prisión preventiva y permanezca detenido en lo que se le dicta sentencia. El gran problema que tenemos en Tijuana es que casi mil 500 individuos que han sido detenidos en flagrancia portando pistolas o rifles de asalto, recuperaron su libertad en cuestión de horas. No se trata de una cuestión de percepción, sino de hechos avalados por las estadísticas. En el país, los homicidios dolosos con arma de fuego en el 2017 se incrementaron un 35% en comparación con el 2016. Por lo que respecta a la ciudad de Tijuana, durante los ejercicios 2016, 2017 y en lo que va del presente 2018, la Policía Municipal ha logrado la detención de mil 434 personas a quienes les aseguraron mil 932 armas de fuego, las cuales son utilizadas para cometer delitos de alto impacto. Lo contradictorio es que mientras la portación de armas siga siendo un delito considerado no grave y estos maleantes estén en posibilidades legales de evadir la prisión, el trabajo de los policías será en vano y los jueces seguirán poniendo en severo riesgo a la ciudadanía al dejar en libertad a peligrosos delincuentes. Si la ley sigue siendo laxa y permisiva con los portadores de armas, será muy complicado revertir esta tendencia delictiva a la alza y de poco valdrá un relevo en los mandos y un cambio en la estrategia de seguridad. Desde el pasado mes de marzo el Cabildo de Tijuana envió un exhorto al Congreso de la Unión explicando la situación que vivimos y haciendo un sentido llamado a los legisladores para que tomen conciencia y concreten cuanto antes estas reformas. El nuevo Gobierno federal tiene a su favor el contar con una mayoría de diputados en el Congreso afines a su partido, por lo que no hay trabas que impidan ni pretextos que valgan para no abordar de inmediato la iniciativa. Es solo cuestión de voluntad y valor para en verdad introducir un cambio de fondo. * El autor es presidente del Consejo Coordinador Empresarial Tijuana.