Diálogo empresarial

Los indignantes hechos violentos registrados la semana pasada que afectaron a usuarios de unidades del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT), no pueden ser minimizados y requieren una respuesta contundente de parte de las autoridades competentes. Los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial hemos emitido un enérgico posicionamiento exigiendo un alto a estos actos que ponen en severo riesgo a las familias tijuanenses que viajan en unidades del SITT. Nuestro transporte público es caro y anacrónico, impropio de una ciudad moderna. Tijuana sigue careciendo de un sistema transportista cuya eficiencia y funcionalidad sea acorde a las necesidades de una urbe tan grande y dinámica como la nuestra. Se han hecho esfuerzos por revertir esta situación y el más transcendente, hasta ahora, ha sido la creación del Sistema Integral de Transporte de Tijuana. El transporte, junto con la seguridad, es y ha sido la madre de todas las batallas y la eterna deuda pendiente de las administraciones municipales. Modernizarlo ha requerido voluntad política y agallas para enfrentar intereses de grupos a quienes no les conviene que haya un cambio. Los conflictos derivados de este tema han sido, por desgracia, un tema recurrente que de una u otra forma han debido enfrentar todas las administraciones. Lo que es inaceptable y ante lo que debemos mostrar cero tolerancia, es que las inconformidades de determinadas personas, se traduzcan en actos delincuenciales. Las agresiones contra unidades del SITT y sus pasajeros no son actos de protesta política. Son hechos delictivos que violentan severamente el estado de derecho y como tal deben ser juzgados y sancionados. Hay videos que circulan la red y demasiados testimonios de afectados que certifican la gravedad de las agresiones. El diccionario define la palabra Terrorismo como una “Forma violenta de lucha mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general”. Pues bien, si nos atenemos a la definición, eso es lo que hemos vivido en Tijuana. Un acto de terrorismo. Ciudadanos inocentes que simplemente se trasladaban a sus trabajos o a sus hogares, fueron violentados y su integridad fue puesta en riesgo. Eso no puede tolerarse y requiere una respuesta acorde con la gravedad de los hechos. Los integrantes del CCE hemos señalado que si se demuestra que tras estos actos delictivos está la mano de algún grupo o línea transportista, el Cabildo de Tijuana debe proceder inmediatamente a revocarles la concesión. De la misma forma, la Procuraduría de Justicia debe investigar a fondo estos hechos y las policías Municipal y Estatal Preventiva deben garantizar que los usuarios del transporte público no corran riesgos al viajar. No es por desgracia la primera vez que hechos como estos ocurren en contra de unidades del SITT, de la misma forma que hace no mucho, fuimos testigos de las agresiones que integrantes del grupo Taxis Amarillos emprendieron contra unidades de transporte fronterizo o contra operarios de Uber. Si la autoridad no toma el toro por los cuernos y no hay una respuesta contundente, estos hechos se repetirán y los usuarios del SITT seguirán estando en riesgo. La autoridad tiene que asumir su papel de garante del estado de derecho y entender que tijuanenses queremos extirpar de raíz la violencia en el transporte. Es lo menos que exigimos. * El autor es presidente del Consejo Coordinador Empresarial Tijuana.